Alejandro Rubín de Celis
Todo indica que los acuerdos y decisiones que han tomado la Comisión de Vigilancia y el pleno del Congreso del Estado en torno a las Cuentas Públicas 2016 terminarán en impunidad, tanto para los responsables de las irregularidades en los procedimientos de fiscalización como para quienes están presuntamente involucrados en una red de sobornos entre diputados, auditores y alcaldes, que ha tenido un impacto negativo en la forma como se audita y aprueba el manejo del dinero público en el estado.
El problema de origen se da en junio pasado con la decisión del pleno legislativo de rechazar los informes finales de las Cuentas Públicas de los 113 entes auditables, pues no argumentó los motivos ni fundamentó legalmente la decisión, lo que de entrada da pie a que cualquier defensa jurídica, por ejemplo de un presidente municipal, eche abajo mediante amparo cualquier posibilidad de sancionarlo ante una eventual reposición del procedimiento de auditoría, lo cual tampoco procede legalmente.
Los diputados violaron el principio constitucional de fundar y motivar los actos de la autoridad y el artículo 66 de la Ley de Auditoría Superior del Estado entonces vigente que establecía que “Si la Comisión (de Vigilancia) encontrara que el informe final incumple o viola alguna disposición legal aplicable, hará las observaciones que estime pertinentes y con base en ello propondrá la reposición del procedimiento de auditoría para que continúe; hecho lo cual remitirá el informe en cuestión junto con el dictamen respectivo al Congreso para someterlo a su aprobación”: Pero nada de esto sucedió. Sin cubrir estos requisitos, los diputados decidieron rechazar fast track la totalidad de los informes.
Con este problema de raíz, aunado a que ya vencieron desde el año pasado los plazos legales para hacerlo, es prácticamente imposible desde el punto de vista jurídico emprender la reposición de auditorías, aún cuando los informes finales de todas las cuentas públicas presentan irregularidades, según se desprende del informe que entregó el despacho externo De La Paz Costemalle DFK a la Comisión de Vigilancia, el cual establece que la Auditoría Superior del Estado (ASE) sólo cumplió entre el 56 y el 64 por ciento de las disposiciones legales que contiene el manual de procedimientos para la fiscalización de los entes auditables.
Pero la Comisión de Vigilancia sigue empeñada en que se repongan auditorías donde proceda y para eso decidió por unanimidad enviar a la ASE los resultados de la “auditoría que se hizo a la Auditoría” para ver qué puede solventar de esas inconsistencias en la aplicación del manual de procedimientos de fiscalización.
El presidente de esa Comisión, Héctor Mendizábal aclara que hay “nueva administración” en la Auditoría Superior del Estado con lo que nos quiere convencer de que el ex auditor José de Jesús Martínez Loredo y ex funcionarios de alto rango de ese órgano fiscalizador, que fueron despedidos a causa de la revelación de la Ecuación Corrupta, ya no tendrán injerencia en este proceso. Se le olvida decir que la actual titular de la ASE, Rocío Elizabeth Cervantes, fue coordinadora de Auditoría Especial de Fiscalización Gubernamental durante la gestión de Martínez Loredo, y que aún hay personal en activo que presumiblemente ha participado en la red de corrupción entre diputados, auditores y alcaldes que puede hacer trampa para que no se le sancione.
Continuar con la idea de la reposición de cuentas seguramente no llevará a ningún lado en términos de justicia porque, hay que insistir, cualquier ente obligado, con una buena defensa legal, echará abajo en tribunales tal pretensión ─si es que de fondo existiera─ dadas las violaciones legales de origen que hubo en el caso.
Hay que decir además que el tardado proceso para llegar hasta donde estamos, que incluye la contratación del despacho De La Paz Costemalle DFK hasta noviembre del año pasado ─se había autorizado desde julio la contratación de un despacho externo─ y la entrega de sus resultados hasta este mes de marzo ─sin contar el tiempo que llevarían las reposiciones con todo el procedimiento que implicarían─, parece ser parte de una táctica dilatoria que, por un lado, busque librar el próximo proceso electoral y heredar el problema a la siguiente legislatura, y por otro hacer tiempo y generar las condiciones para dar impunidad a quienes participaron de distintas maneras en la limpieza de cuenta públicas.
Por eso es tan importante que se hagan públicos los resultados de la auditoría externa, de manera que ciudadanos y organizaciones civiles impulsores del combate a la corrupción puedan analizar su contenido e identificar cuáles fueron las inconsistencias en los procedimientos de fiscalización y, sobre todo, saber de qué manera pudieron haberse maquillado irregularidades que favorecieron a presidentes municipales y otros funcionarios, y buscar la vía judicial para que se finquen responsabilidades.
Transparentar los resultados de esa auditoría permitiría a la opinión pública identificar cómo es que, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Juárez, pudo solventar las inconsistencias identificadas por los auditores durante la revisión para que en el informe final su cuenta saliera sin una sola observación de carácter financiero en el ejercicio 2016. Y así como esa otras cuentas municipales cuyos informes finales generan sospechas de que hubo alteraciones en el proceso de revisión.
¿Harán público los diputados el resultado de ese informe o le dará la espalda a los ciudadanos, de quien se supone son representantes y que tienen derecho a saber qué fue lo que sucedió en todo este asunto?
