Antonio González Vázquez
En San Luis Potosí la impunidad es de 93.5 por ciento y solamente en el 7.5 por ciento de los delitos denunciados se inicia una investigación. Esa es la cruda realidad.
Es por eso que todos los días se violan las leyes. Y con mayor razón si quienes las violan son las propias autoridades. Saben que la impunidad está garantizada.
Ayer, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana puso su granito de arena en ese muro de impunidad: confirmaron que el ayuntamiento capitalino utilizó recursos públicos para la promoción de la imagen del alcalde Ricardo Gallardo Juárez.
Confirmaron y documentaron que el ayuntamiento y el alcalde violaron el artículo 134 constitucional al utilizar recursos del erario con fines de promoción personal para lo cual se utilizaron programas sociales como el reparto de útiles escolares.
Pese a eso, el pleno del Consejo decidió que no son competentes ni tienen atribuciones para sancionar al alcalde Gallardo. Eso lo tiene que hacer una autoridad administrativa que, para el caso, es la Contraloría Municipal.
Es la impunidad, pero también la irresponsabilidad de la nueva burocracia electoral.
Se tardaron más de dos años desde que se presentaron las primeras denuncias en contra de Gallardo, el titular del INTERAPAS, del alcalde de Soledad y de los diputados del PRD. Es la impunidad… por el momento.
Acción Nacional impugnará primero ante el tribunal local electoral y de ser necesario, lo hará luego en la instancia federal.
Resulta ridículo que se haya documentado el uso de recursos públicos con fines de promoción en favor del alcalde y que un empleado de éste sea quien lo vaya a investigar.
