Victoriano Martínez
Cada cuatro días se presenta una denuncia por torturas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en transición a Fiscalía General del Estado; pero cada 12 días una de esas denuncias se radica para el inicio de las investigaciones, de acuerdo con los registros de la propia Fiscalía. De 2011 a la fecha, no se ha ejercido acción penal en ningún caso.
Del 1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2018, la Fiscalía recibió 382 denuncias por tortura, en tanto que en ese mismo periodo radicó 129, de acuerdo con las respuestas que esa dependencia dio a las solicitudes de información 00231018 y 00238718, vía la Plataforma Nacional de Transparencia.
El peticionario de la solicitud 00238718 requirió “que esta autoridad me proporcione el número de delitos de tortura que se han denunciado en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. (Número de denuncias tortura)”.
Mediante el oficio VG-417/2017, del 10 de abril de 2018, firmado por José Pérez Saucedo, ministerio público especializado en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en el que señala que en 2014 se registraron 43; en 2015, 115, y en 2016, 50, en todos estos casos mencionadas como averiguaciones previas.
A partir de 2016, los datos que aporta refieren carpetas de investigación: 48 ese mismo año, 101 en 2017 y 25 en lo que va de 2018. Estas cifras acumulan un total de 382 denuncias por tortura recibidas entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2018.
En la petición 00231018, el solicitante presenta 22 preguntas. En la número 9 cuestiona “¿cuál es el número de denuncias radicadas como probable tortura (describir por año a partir del 2011)?”. El propio Pérez Saucedo, en el oficio 139/2018 del 9 de abril, reportó los casos de las denuncias radicadas.
De acuerdo con ese documento, en 2011 no se radicó ninguna denuncia, en 2012, 1: en 2013, 3; en 2014, 9; en 2015, 67; en 2016, 21; en 2017, 29, y en lo que va de 2018 sólo se han radicado 3.
Así, de 2014 a la fecha se acumulan como denuncias 382, en tanto que en ese mismo periodo se reportan como denuncias radicadas sólo 129.
De acuerdo con el cuestionario que responde Pérez Saucedo en la petición 00231018, la principal razón por la que se recurre a la tortura es para conseguir la “confesión de haber cometido un delito”, y describe la modalidad en la que se ejerce la tortura como “la violencia física y psicológica para obtener la confesión por parte de la víctima de un hecho que la ley señale como delito”.
Al describir los lugares donde predomina el uso de la tortura, de 2012 a 2018 prevalece es el Edificio de Seguridad Pública y sólo en el 2013 y en el 2016 se menciona como lugar principal de las torturas el lugar de la detención.
Destaca el hecho de que ante el cuestionamiento sobre la aplicación del protocolo de Estambul en la investigación de la tortura, Pérez Saucedo reconoce que no se hace en la forma debida.
“No como debería, ya que no se cuenta con peritos en la materia, sino que se habilitan, en virtud de que no existen en toda la república doctores en medicina forense, psicólogos en medicina forense y fotógrafos en medicina forense, solo tiene la Procuraduría General de la República, pero debido al exceso de trabajo no otorga los servicios a las diferentes procuradurías”, explica en el texto.
Enseguida señala que las dificultades para investigar la tortura son “la obstrucción por parte de los agentes de la policía ministerial del estado, falta de peritos y la creación de una unidad especializada en prevenir y sancionar la tortura, ya que hasta este momento este delito lo siguen conociendo los agentes que investigan los delitos cometidos por servidores públicos”.
Al responder la pregunta número 20, el ministerio público reconoce que de 2011 a la fecha “no se ha ejercitado acción penal en ninguna averiguación previa o carpeta de investigación en contra de algún elemento de la Policía Ministerial del Estado, Seguridad Pública del Estado o Policías Municipales”.
