Antonio González Vázquez
El Senado de la República aprobó ayer la minuta de la Ley de Comunicación Social mejor conocida como Ley Chayote. En la votación, Teófilo Torres Corzo del PRI votó a favor y Octavio Pedroza Gaitán del PAN votó en contra.
Sonia Mendoza Díaz que debería haber sido el tercer voto de los senadores potosinos no votó un asunto tan trascendente porque es senadora con licencia. Como sabe, cual chapulín, dio el salto a la lista de diputados locales de representación proporcional del PAN.
Mendoza Díaz dejó el escaño del senado el 20 de marzo y como según ella ya no había nada importante qué hacer, se dejó el espacio vació. Es decir, primero pidió el voto a los ciudadanos y luego botó al carajo la representación de San Luis Potosí en la Cámara Alta.
A los Senadores que votaron por la Ley de Comunicación Social se les conoce desde ayer como los “chayoteros más grandes de México”. Conviene aclarar que el término chayote, hace referencia al embute que un servidor público entrega a un periodista a cambio de un favor en la prensa.
Luego entonces, Teófilo Torres Corzo, propietario de Medios de Comunicación que anualmente recibe millones y millones por concepto de anuncios publicitarios de instituciones públicas, es desde ayer uno de esos llamados los chayoteros más grandes de México.
Sesenta senadores (chayoteros) del PRI y PVEM así como que uno que otro del PRD, votaron a favor, 46 votaron en contra y hubo una abstención. Según la información del Senado, Torres Corzo Teófilo votó a favor.
Por supuesto, ningún dueño de medios de comunicación da de patadas al pesebre.
Los senadores del PRI y PVEM al momento de ganar la votación, se pusieron de pie y desde sus escaños enviaron cordiales y afectuosos saludos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que palurdos.
Aunque solo es algo deseable, ya no vote por esos partidos políticos, reflexione, no sea irresponsable.
El periódico El Financiero y el portal de noticias Animal Político publicaron un texto cuyo parte central es esta.
¿Por qué las organizaciones de la sociedad civiles critican esta iniciativa?
- El Gobierno, en sus tres niveles, podrá seguir utilizando la publicidad oficial para promover sus “acciones” o “logros”
Desde su paso por la Cámara de Diputados, grupos como Artículo 19 y el Centro de Análisis e Investigación Fundar argumentaron que mediante esta ley el Gobierno federal podrá seguir haciendo uso del dinero público en publicidad gubernamental.
La versión aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión no modifica la posibilidad de que los tres niveles de gobierno tengan partidas presupuestales destinadas para la publicidad oficial, es decir, que tengan recursos para promover sus acciones.
En el dictamen se establece que los tiempos oficiales serán utilizados para la difusión de contenidos de carácter institucional y con fines informativos, educativos, culturales y otros asuntos de interés.
De acuerdo con Fundar, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó entre enero de 2013 y diciembre de 2017 40 mil 600 millones de pesos en publicidad oficial. Con ese presupuesto, explica, la Secretaría de Desarrollo Social podría beneficiar a 5.4 millones de adultos mayores con el programa de pensiones 65 y más.
- El poder de la publicidad oficial queda en manos de la Segob
La Ley de Comunicación Social determina que la Secretaría de Gobernación será de ahora en adelante el organismo que regule las asignaciones de publicidad oficial, lo que presenta un desbalance en la relación gobierno-medios de comunicación
Justine Dupuy, coordinadora del área de Rendición de cuentas y Combate a la corrupción de Fundar, destacó que un correcto dictamen en materia de publicidad oficial hubiera representado una oportunidad histórica para poner a ambos lados en una relación más equitativa.
“Legislar en materia de publicidad oficial es una oportunidad extraordinaria para construir Medios Libres que puedan ser un verdadero contrapeso al poder político y terminar con años de relaciones asimétricas entre los actores políticos y los medios de comunicación, en donde aquel medio que ejercía un periodismo crítico era castigado y no recibía recursos de publicidad oficial”, escribió para un artículo publicado en Animal Político.
Sin embargo, el papel preponderante de Gobernación en la asignación de los tiempos de publicidad oficial agrava el problema, de acuerdo con el organismo.
- No establece mecanismos para establecer un control de gastos de publicidad oficial
La iniciativa no incluye una herramienta que limite el gasto en comunicación social, por lo que los medios podrán seguir recibiendo cantidades considerables de recursos públicos.
De acuerdo con Fundar, entre el 45 y 50 por ciento del presupuesto de publicidad del gobierno federal se concentra en cerca de 10 medios de un total de más de mil.
Dupuy subraya que en la versión aprobada de la Ley de Comunicación Social no existe un mecanismo que limite y exija una rendición de cuentas sobre el dinero que se utiliza en la publicidad gubernamental, siendo que la sentencia de la Suprema Corte había hecho mención a la necesidad de regular el gasto público.
- Se opone al pluralismo y diversidad en los medios de comunicación
De acuerdo con el colectivo #MediosLibres (Publicidad Oficial en su cuenta de Twitter), la ley de comunicación social no fomenta el pluralismo en los medios de comunicación, pues no se establece mediante qué criterios la Segob determinará la asignación de tiempos oficiales a los medios inscritos en el padrón nacional.
- Se legalizan las malas prácticas
La minuta votada no cumple con los criterios establecidos en la sentencia del 15 de noviembre del 2017 emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según Publicidad Oficial.
“Por el contrario, legaliza las malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial, y no integró en su contenido las demás iniciativas presentadas en ambas Cámaras por los diferentes partidos políticos, y mucho menos integró las recomendaciones que desde el Colectivo #MediosLibres propusimos al Congreso de la Unión
“Esta ley impide que los medios de comunicación sean verdaderos instrumentos de ciertas libertades y no vehículos para restringirlas, lo que implica que los medios de comunicación sirvan para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad”.
