Jaime Nava
Durante tres años seguidos el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incluido a una empresa vinculada a la familia Gallardo dentro de la lista de negocios que emiten comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios que amparan; es decir, que pueden ser considerados como fantasmas, de acuerdo con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Se trata de “Inmobiliaria Joriga S.A. de C.V.”, compañía creada por Ricardo Gallardo Cardona y Candy Araceli Gallardo Cardona el 7 de septiembre del 2011, cuando su padre era alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, con el objeto de adquirir bienes inmuebles para edificar casas o edificios para su venta o arrendamiento y la construcción de “obras de ingeniería civil, pavimentación, concreto, puentes, caminos rurales, carreteras estatales y federales”, entre otras actividades del mismo ramo.
Dos días después de su fundación, Ricardo Gallardo Cardona fungió como representante legal de Inmobiliaria Joriga en la compra de un predio rústico “denominado La Palma” en Soledad de Graciano Sánchez de 6 mil 537 metros cuadrados por el que pagó 2 millones 500 mil pesos, según se lee en el folio 196956 del Registro Público de la Propiedad (RPP). Posteriormente, el 7 de octubre del 2014, el inmueble fue embargado por el SAT por medio de un Procedimiento Administrativo de Ejecución que consta en el expediente: Crédito H-513374, hecho que también fue anotado en el RPP.
A través del oficio 500-05-2015-34036 de fecha 4 de diciembre de 2015 el SAT notificó a la empresa de los hermanos Gallardo que existía la presunción de que sus operaciones no eran reales y se fijaron los plazos para que acreditaran la validez de sus operaciones. El 15 de enero del 2016, se celebró una asamblea extraordinaria entre los socios de Inmobiliaria Joriga (Ricardo y Candy Araceli) con el fin de aprobar la venta de la totalidad de las acciones de Ricardo y Candy Araceli Gallardo Cardona.
El acuerdo tomado en esa asamblea fue para que Ricardo y Candy Araceli dejaran de ser socios de la empresa y, en su lugar, se incorporaran su mamá: María del Pilar Cardona Reyna, y su hermana: Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona, quienes continúan como socias de la supuesta inmobiliaria.
Pese al cambio de socios, el SAT volvió a requerir a Inmobiliaria Joriga en 2016, con el oficio 500-05-2016-6378, y en 2017, con oficio número 500-05-2017-2390, para que aclararan las imputaciones en su contra en el sentido de que sus actividades se consideran como actos o contratos simulados que podrían constituir un delito.
Transcurrido el término para presentar pruebas, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que: “una vez valorada la información, documentación y argumentos aportados, no desvirtuaron los hechos que se les imputaron”, por tal motivo, el nombre: Inmobiliaria Joriga S.A. de C.V. forma parte de la lista de 5 mil 815 “empresas fantasmas” detectadas en el país y de las cuales el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción ha solicitado información al gobierno federal para conocer si han sido utilizadas como contratistas por alguna dependencia.
Consulta el listado de “empresas fantasma” detectadas por el SAT y publicado por el Comité de Participación Ciudadana.
