Leticia Vaca
El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) denunció que la Fiscalía General de Justicia del Estado, mantiene prácticamente intactas las carpetas de investigación de las denuncias que ha interpuesto en contra de Ricardo Gallardo Juárez, alcalde con licencia de la capital potosina.
En ese contexto acusaron de omiso al gobernador, Juan Manuel Carreras López, e indicaron que con su indiferencia alienta la corrupción, advirtió Hugo Stevens Amaro, vocero del FCA.
“En reiteradas ocasiones, en nuestros comunicados, hemos señalado que cada día que el gobernador no hace nada para hacer valer el marco legal, tanto en este caso como en otros escándalos, como en obras municipales y principalmente en los que los diputados son los protagonistas, se confirma su complicidad con la corrupción que aqueja al Estado”, dijo.
Stevens Amaro juzgó que la resolución emitida el pasado viernes por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que confirma la violación al artículo 134 Constitucional por parte de Ricardo Gallardo Juárez, al hacerse promoción personalizada con el desvío de recursos públicos, es apenas uno de los ilícitos en que ha incurrido para su beneficio.
Explicó que el FCA, está obligado a hacer notar que la lentitud en el proceso de investigación de las denuncias penales que ha presentado contra Gallardo Juárez evidencia la complicidad de diversas instituciones que garantizan la impunidad.
Señaló que uno de los casos por los que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, hoy avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la violación constitucional de parte del hoy aspirante a la reelección fue el reparto de útiles escolares en 2016, sobre el que señala un desvío por 13 millones 881 mil 287.31 pesos.
Para 2017, el propio Gallardo Juárez reportó en un comunicado oficial que en el mismo programa, que un año antes quedó acreditado como promoción personalizada, acto violatorio de la constitución, se aplicaron 38.5 millones de pesos (goo.gl/kMDQ64).
“Hay que precisar que la violación constitucional no está en la forma en que se adquirieron los útiles escolares, sino en haber incluido en ellos la promoción personalizada, especialmente la palabra “gallardía”, explicó.
Informó que en el caso de las denuncias presentadas, “hay un tortuguismo”; en el caso de la denuncia presentada el pasado 12 de febrero, relativa a la compra de medicamentos a una proveedora fantasma, a 94 días aún no se logra que el Ayuntamiento aporte la documentación que se le ha requerido.
Tampoco la Auditoría Superior del Estado ha proporcionado los resultados de las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016 del Ayuntamiento de San Luis Potosí, porque fueron requeridos con una denominación incorrecta.
En cuanto a la denuncia presentada el 23 de marzo, sobre la compra desproporcionada de inmuebles por parte de la familia Gallardo, en las últimas semanas sólo se ha incorporado la comparecencia de una de la imputadas, Verónica Williams Méndez, quien acredita a sus abogados defensores y se reserva “el derecho de rendir mi declaración para el efecto de poderla hacer posteriormente por escrito”.
