Victoriano Martínez
Mientras la Ley de Transparencia obliga a todos los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, el Poder Judicial de Estado (PJE) puso a disposición de un solicitante de información copia de esos documentos “previo pago de derechos que se realice por concepto de copias fotostáticas simples por la cantidad de $718.50”.
El peticionario requirió al PJE las “declaraciones públicas patrimoniales, de intereses y de impuestos de los años 2016-2018 de todos los magistrados”.
En su respuesta, la Unidad de Transparencia del Poder Judicial indicó que las tres declaraciones de todos los magistrados se encuentra en 499 fojas, que tienen un costo de un peso con cincuenta centavos por cada copia.
“Deberá efectuar el pago de derechos correspondientes ante la caja recaudadora de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura, previa expedición de contra recibo de pago que expida la Unidad de Transparencia”, comienzan las instrucciones para el solicitante.
Enseguida le señalan que “deberá constituirse en la Ciudad Judicial “Presidente Benito Juárez””, con su identificación oficial.
El solicitante que usó el sistema remoto de acceso a la información pública ahora tiene que ir a la Ciudad Judicial, presentarse en la Unidad de Transparencia para que le expidan un recibo que tendrá que pasar a pagar en la caja recaudadora de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura, para después regresar a la Unidad.
“Una vez acreditado el pago de derechos, se estará en aptitud de solicitar a las versiones públicas motivo de interés”, concluyen las instrucciones.
El artículo 165 de la Ley de Transparencia contempla, para el acceso remoto a información pública, el pago de los costos de envío, además de que establece para que los sujetos obligados faciliten el acceso “la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó”.
Las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal son parte de los documentos que los entes públicos deben difundir de oficio, de acuerdo con la fracción XVII del artículo 84 de la Ley de Transparencia.
En lugar de que el solicitante tenga que realizar todas las gestiones que le indicaron y realizar el pago requerido, para obtener esos documentos tendría que haber bastado con ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia, localizar la información del artículo 84 fracción XVII de la Ley de Transparencia y descargar los documentos sin ningún costo.
No obstante, si intentó esa vía para obtener los documentos de su interés, se encontró con que la tabla de Excel correspondiente al mes de mayo de 2017, mes en que se presentan las declaraciones, nueve columnas con la afirmación “no se generó”, y una nota en la última columna.
“No se generó la información en este periodo, ya que las declaraciones patrimoniales y de intereses sólo se presentan anualmente en el mes de mayo. Así lo marca la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de SLP en su artículo 33 y 37”.
Si la tabla corresponde a la información generada durante el mes de mayo de 2017, y en el Poder Judicial del Estado no se generó esa información, podría considerarse que los funcionarios judiciales incumplieron con la obligación de la Ley de Responsabilidades Administrativas, y si no, entonces incumplen con la Ley de Transparencia.
