Por Victoriano Martínez
Los más de 84 mil beneficiarios habituales de los apoyos entregados por Ricardo Gallardo Juárez, no sólo mientras estuvo como alcalde sino también de ahora que se encuentra de licencia para buscar la reelección, representan más del 14 por ciento del padrón electoral y más del 64 por ciento de los votos con los que ganó la elección en 2015.
Si bien es cierto que el beneficiario de una despensa o de un garrafón o de cualquier otra dádiva entregada con claros fines clientelares no representa un voto automático a favor del benefactor, la posibilidad de que así sea es muy alta.
¿Cuántos de esos beneficiarios que los listados que a regañadientes revela el Ayuntamiento se sienten comprometidos a votar por Gallardo Juárez y cuántos más lo harían por solidaridad con el integrante de su familia, amigo o cercano de quien saben que obtiene los beneficios?
Más de 84 mil es lo que se puede conocer de cuatro programas de ayudas. Con los demás programas, la cifra realmente podría incrementarse considerablemente. Por lo tanto, no resulta descabellado señalar que Gallardo Juárez entró a la competencia electoral con el 14 por ciento del padrón a su favor por las maniobras que han sido acreditadas como violatorias de la Constitución.
Un 14 por ciento que, por efecto del abstencionismo –que en 2015 fue del 50.35 por ciento en el municipio de San Luis Potosí–, se convierte en un 27.9 por ciento.
Tan solo con esos votos, obtenidos por la vía más antidemocrática de la dádiva clientelar que atenta contra la dignidad ciudadana de quien las recibe, Xavier Nava, Leonel Serrato, Cecilia González y Alejandro García entraron a una carrera en la que el puntero lo es porque utilizó los recursos públicos, no para ser alcalde, sino para ser un candidato en permanente campaña.
Ese es el alcance de la violación constitucional en la que incurrió el alcalde con licencia. Una inequidad en la competencia que coloca a Gallardo Juárez en la comodidad de sólo trabajar por un porcentaje de nuevos apoyos muy por debajo de lo que, de entrada, necesitan sus contrincantes para contrarrestar el uso del erario para ganar fidelidades condicionadas.
Prácticamente una competencia con triunfo garantizado para Gallardo Juárez, a pesar de que logró esa condición mediante el desvío de recursos públicos a su promoción personal con lo que violó el artículo 134 de la Constitución, pero por el que las autoridades electorales se lavaron las manos y evitaron sancionarlo, porque tal inequidad se incubó fuera de los tiempos electorales.
Una inequidad que alienta de tal manera la perversión en el uso del erario, que ahora quien ocupe un cargo de elección poco se preocupará por ejercer los recursos para cumplir con las funciones del puesto, porque podrá utilizarlo para manipular a la población más vulnerable para seguir medrando del presupuesto público sin consecuencias y sin ningún beneficio colectivo.
Una inequidad que obliga a los contrincantes de Gallardo Juárez no sólo a denunciarla y combatirla por las vías jurídicas que pudieran aplicarse, sino también a tomar medidas para frenar un proyecto que denigra de tal manera la vida pública, y erosiona a las instituciones y atenta contra la vida democrática.
Ni duda cabe, un grupo caciquil –con Gallardo Juárez como cabeza visible– que no duda en violar la Constitución para enquistarse en el poder es una circunstancia excepcional que exige medidas excepcionales para proteger a las instituciones democráticas.
Xavier Nava, Leonel Serrato y Cecilia González, de la mano de sus respectivos partidos que los apoyan, cargan –por la coyuntura– con la posibilidad de acordar esas medidas excepcionales.
