Alejandro Rubín de Celis
Se podría calificar de increíble el hecho de que a un año de que fue descubierta la Ecuación Corrupta no se haya deslindado alguna responsabilidad entre los muchos involucrados en ese escándalo, pero en el ineficaz e ineficnte sistema de justicia que padecemos es, en realidad, algo muy creíble, como también lo es la virtual existencia de una red de complicidades entre la clase política para que nadie de ese grupo de privilegiados pueda ser sancionado por la comisión de actos delictivos.
El total hermetismo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ─en transición a Fiscalía General─ en torno a los avances en la investigación del caso ─si es que realmente los hay─, la presencia de nuevos casos de corrupción que involucran a diputados y funcionarios, el inmovilismo de la Auditoría Superior del Estado para denunciar anteriores y nuevas irregularidades en el Congreso local, y el silencio que ha guardado el gobernador Juan Manuel Carreras López, no hacen pensar más que en la existencia de esa red de complicidades, a la que otros llaman pacto de impunidad.
¿Por qué si el procurador del estado dio a conocer hace casi cuatro meses que el ministerio público encargado del asunto le informó que la carpeta de investigación estaba prácticamente concluida, aún no se informa de los resultados y se deslindan responsabilidades?
Ahora, la excusa de la Procuraduría es que los diputados no han aprobado la nueva Ley Orgánica para que empiece a funcionar con todas sus facultades la Fiscalía General del Estado (FGE) ─la iniciativa se entregó al Congreso desde el pasado 27 de marzo─ lo que impide resolver el tema de la Ecuación Corrupta ─lo mismo señala la Fiscalía Anticorrupción que se dice con enormes limitaciones para resolverlo sin la Ley Orgánica─. ¿Acaso porque aún no opera oficialmente la FGE, la Procuraduría puede dejar de hacer su trabajo y suspender temporalmente la investigación? ¿Eso significa que ahora no hay independencia para actuar de parte de la autoridad encargada de procurar justicia y que sólo la habrá hasta que quede formalmente legalizada la Fiscalía? ─Si es que remotamente eso llegara a suceder─.
La falta de aplicación de una justicia pronta y expedita en el asunto del blanqueo de cuentas públicas revelado por el ex diputado Enrique Flores lo único que ha provocado es que se han registrado nuevos casos de presumible corrupción que involucran a autoridades estatales ─de los poderes Ejecutivo y Legislativo─, y municipales, como el documentado desvío de recursos públicos de diputados a través de empresas fantasma destinados supuestamente a obras públicas y apoyos sociales, la compra de medicamentos del Hospital Central también a una empresa aparentemente inexistente, y la adquisición de un predio de 15 millones de pesos a cargo del alcalde con licencia, Ricardo Gallardo Juárez ─como parte de un caso de posible enriquecimiento ilícito de Gallardo y su familia─.
“La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda; estimula al delincuente y contagia su ejemplo”, señala con certeza el finado escritor uruguayo, Eduardo Galeano en una de sus obras. ¿Alguien podría ponerlo en duda?
Está claro que no hay voluntad política de parte de las autoridades para que el asunto de la Ecuación Corrupta se esclarezca. Sin embargo, hay grupos de la sociedad civil y activistas que en otros momentos han dado muestras de que son capaces de vencer las resistencias del poder. Ahí están los casos de Panavi, la licencia de tres diputados involucrados en el presunto lavado de cuentas públicas, la desaparición del fuero a nivel estatal, y la suspensión de bonos y otras prestaciones que reciben los diputados, que son logros indiscutibles de la lucha de ciudadanos y de pequeños grupos organizados ─varios de los cuales están integrados en el Frente Ciudadano Anticorrupción─ a los que ha costado un enorme esfuerzo doblegar a la clase política cuando incurre en excesos, en corrupción o cuando pretende imponer decisiones injustas o antidemocráticas.
Por ser la directamente afectada, la sociedad potosina tiene derecho a saber la verdad de los hechos, a que se aplique la ley sin distingos y se castigue a los responsables de los presuntos ilícitos cometidos, pero también tienen la responsabilidad, ante la evidente inacción de la autoridad competente, de movilizarse para exigir justicia.
Si en poco más de un año se alcanzaron varios logros importantes con la acción de algunos activistas y pequeños grupos sociales, ¿cuántos logros más se podrán alcanzar con acciones decididas de una mayoría social para contener los abusos del poder y vivir en una sociedad más justa y equitativa?
No es una ilusión, ahí están las muestras de que es posible, pero se necesita una sociedad civil mucho más amplia, estructurada y actuante para mantener un movimiento capaz de exigir en el tiempo un genuino combate a la corrupción y a la impunidad ─sin simulaciones como ha sido hasta ahora en muchos casos─, una verdadera rendición de cuentas de los servidores públicos con férreos controles en el manejo y disposición de los recursos públicos, y las acciones necesarias que atiendan en todo momento el interés público.
Por lo pronto, el caso de la Ecuación Corrupta debe resolverse a la brevedad por el bien de la justicia, de las instituciones y de los ciudadanos de San Luis Potosí. Sólo una sociedad consciente y activa podrá lograrlo.
