Antonio González Vázquez
Apenas el pasado día 13 de junio se reportaba el femincidio número 25 y tan solo cuatro días después se ha cometido ya el número 26, ahora, en el municipio de Matlapa donde una joven esposa fue víctima de un marido enloquecido por los celos. En lo que va del año, se han cometido en promedio cinco crímenes de género por mes.
En una comunidad del municipio de Matlapa, conocida como Coaquentla, famosa por los remansos del río Tancuilín a donde muchos huastecos se van a nadar y a divertir, Candelario, de quien dicen es un tipo torvo, inseguro y muy celoso, asesinó a su esposa Reina porque juzgaba que le era infiel. Ella solo tenía 19 años cuando la mataron injustamente el día 17 de junio. Su esposo y agresor de 27 años de edad, intentó ocultar el crimen al enterrar el cuerpo de la joven en el patio trasero de la casa, pero los remordimientos y el sentido de culpa no lo dejaron en paz y el mismo día del crimen confesó el asesinato.
Desde el 21 de junio de 2017 la Secretaría de Gobernación hizo la declaratoria de alerta de género para seis municipios de San Luis Potosí.
A partir de esta declaratoria, el Gobierno del estado y los seis municipios (San Luis Potosí, Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Matehuala y Tamuín), deberá diseñar un programa de trabajo que permita implementar distintas medidas de seguridad, prevención y justicia.
Entre estas medidas destacan la capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos; así como campañas de prevención para estudiantes, profesoras y profesores y la sociedad general.
Asimismo, deberán implementar una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública que logre la recuperación de espacios públicos; acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, y la creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata.
Además, la alerta contempla la creación de una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño; la creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia, y la armonización legislativa.
