Por Victoriano Martínez
Han pasado 257 días desde que el cadáver del periodista gráfico Edgar Daniel Esqueda Castro fue localizado en territorio de Soledad de Graciano Sánchez, tras haber sido secuestrado en su vivienda un día antes, y el asesinato sigue impune.
Juan Manuel Carreras López lleva 998 días como gobernador del estado, y el Comité Estatal de Protección al Periodismo no da señales de vida, a pesar de estar obligado a sesionar mensualmente. Vamos, hasta hay serias dudas sobre si realmente se ha integrado, aunque Alejandro Leal Tovías, secretario general de gobierno, afirme que sí.
Son dos señales del poco interés que el gobernador Carreras López tiene por la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, pero no las únicas que llevan a San Luis Potosí a figurar entre las entidades a las que dos organismos internacionales le ponen focos rojos en la materia.
En el informe conjunto del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, San Luis Potosí es tema por sus malas cuentas.
Podrán decir las autoridades locales que el caso de Esqueda Castro fue atraído por la Procuraduría General de la República, pero no por ello están exentos de promover y exigir la aclaración de su ejecución, sobre todo porque desde un principio se involucró a una de las corporaciones estatales.
Con esas omisiones, el gobierno de Carreras López contribuye a que en el país el 99.6 por ciento (prácticamente la totalidad) de los asesinatos y otros ataques contra periodistas aún no sean esclarecidos. Es decir, hay una aportación de parte de las autoridades locales a la impunidad que invita a nuevos ataques contra periodistas y, en consecuencia, los coloca en situación vulnerable.
Una impunidad señalada por los relatores de la ONU y la CIDH que se vuelve motivo de mayor preocupación cuando a San Luis Potosí se le ubica, con Jalisco, Ciudad de México y Quintana Roo, como entidad en la que no se cuenta, en sus protocolos y proyectos legislativos, con las mejores garantías para la protesta social y la libre expresión.
De cara a las elecciones del 1 de julio, ambos organismos internacionales advierten sobre la necesidad de “asegurar que las personas puedan reunirse y protestar sin riesgos para su integridad física y su vida, sin exigencias burocráticas desproporcionadas, y que se capacite adecuadamente a las fuerzas policiales para el control de multitudes”.
Lo cierto es que no sólo el proceso electoral en puerta pondrá a prueba qué tan comprometido está el gobierno de Carreras López con la protección del ejercicio del periodismo, si él mismo atenta contra éste por la vía de la publicidad oficial, asignada a discreción para favorecer su imagen antes que cubrir las necesidades de información de la sociedad.
“Hacer cumplir la obligación jurídica de publicar de manera proactiva información relevante sobre criterios de contratación, motivos para la asignación presupuestaria, gastos y contratos de publicidad de entidades públicas”, piden la ONU y la CIDH. Carreras retrasa hasta un año la publicación de los contratos con medios y no da a conocer los criterios de asignación.
A dos años de que la organización Fundar retó públicamente al gobernador Carreras López a hacer públicos todos sus gastos en medios de comunicación a través de la plataforma Transparencia en Publicidad Oficial (TPO), el mandatario potosino no ha dado ninguna respuesta.
El ejercicio del periodismo se protege de cualquier forma de manipulación. Los casos extremos son la intimidación y el asesinato, pero si Carreras López no comienza por sus propios actos contra el periodismo, poco se puede esperar que proteja a los periodistas de amenazas mayores.
Reta Fundar a Carreras para que transparente gasto en medios
