Por Victoriano Martínez
Si algo caracteriza a las entidades públicas, son las maniobras a las que recurren para evitar atender el derecho de acceso a la información pública, a tal grado que se ha vuelto excepción que un solicitante reciba la información, cuando por ley debería ser al revés.
La premisa legal es que toda la información es pública y sólo se puede negar a quien la solicite excepcionalmente por causales de reserva o confidencialidad relacionados con la protección de datos personales.
Son tantas las formas que los servidores públicos utilizan para ocultar información que no les pertenece, pero que manejan de manera patrimonialista, que la descripción que Jaime Nava hizo de la forma evasiva con que actuó el INTERAPAS para no entregar datos solicitados hace más de 20 días hábiles, es decir, fuera de todo plazo, expone una violación a la ley por parte de ese organismo.
De nada sirve que exista una vía de acceso remoto a la información pública si organismos como Interapas exigen a los solicitantes en la mayoría de los casos a acudir a sus oficinas por dos fojas que nada les cuesta escanear y adjuntarlas junto con el acuerdo que suelen comunicar por esa vía para requerir la presencia del solicitante en sus oficinas. Anulan la ventaja de la plataforma.
Constituye una burla que Interapas espere hasta los 20 días hábiles para mandar una respuesta en la que afirman que adjuntan un archivo y realmente no lo hagan. El caso de Jaime Nava no es el único. Basta consultar las respuestas que da Interapas vía Infomex para documentar muchos otros casos.
En su nota, Jaime Nava describe lo que un solicitante de información tiene que pasar para tratar de allegarse información pública en posesión de un organismo que ha acreditado su vocación por la opacidad: la simulación de una respuesta sin respuesta, la cita a una oficina donde le niegan conocer la respuesta.
Lo que Jaime Nava describe por sí solo era tema para comentar, pues estamos ante un organismo que está entre los muy pocos que en todo el país recurre al recursos inhibidor del derecho de acceso a la información pública (DAIP) por excelencia: las copias fotostáticas más caras del país, 40 pesos con 66 centavos por copia.
Los dos inhibidores del DAIP favoritos de Interapas: (1) no enviar la información, así sea una sola copia, y pedir a los solicitantes acudir a sus oficinas (¿y si piden la información desde un municipio u otro estado?) y (2) cobrar las copias más caras del país. Combinadas, matan cualquier intento de allegarse información pública.
Otra vez, basta consultar las respuestas que da Interapas vía Infomex para documentar muchos casos como este: un ejemplo, el 27 de marzo de 2017 respondió la solicitud 00132317 en la que pide a la solicitante acudir a sus oficinas por las copias, previo pago de 203.30 pesos por cinco copias simples.
Tal es su vocación por la opacidad, que no sorprende que, en lugar de permitir el acceso a la información pública solicitada (pagos que debía difundir de oficio de INTERAPAS a una empresa; artículo 84, fracción IV), recurra a un derecho de réplica para exhibir con cinismo prejuicios, falsedades y una mayor falta de respeto para los solicitantes de información.
Sólo tres elementos del escrito de “precisiones”, firmado por Alfredo Zúñiga Herverth, director del organismo, y David Arturo Reza Crenshaw, titular de Comunicación Social:
(1) Afirman respetar la transparencia y lo “demuestran” al decir que de mil 330 solicitudes de información, sólo ocho (el 0.6%) han terminado en queja. En Infomex aparecen sólo 116 solicitudes atendidas por el INTERAPAS de 2015 a la fecha, y en 12 casos (10.34%) hay queja. En la Plataforma Estatal de Transparencia no presenta su informe de solicitudes, ¿por qué confiar sólo en su afirmación?
Hay mucha diferencia entre afirmar que seis de cada mil se van a queja contra una de cada diez que están registradas en el sistema. También hay diferencia en afirmar que sólo han tenido ocho quejas y en el sistema Infomex aparezcan 12.
(2) Ante la inconformidad de un solicitante por haber recibido una respuesta sin el archivo adjunto, lo que en sí mismo es una burla si no se reconoce como error (y no es el único caso así en el sistema), señalan que “si en su momento, el solicitante no está de acuerdo con lo que se le responde, tiene diversas opciones que debe de hacer valer”.
La apuesta es clara: no entrego la información. Si el solicitante desiste, nos libramos de entregarla. Pero si el solicitante se queja, se gana tiempo con lo dilatada que es la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), además de las otras medidas para entretener los asuntos. A la larga, se puede lograr que no se entregue la información, o ya no tenga interés.
(3) A pesar de que en la nota se describe la maniobra para no entregar la información (que se repite en muchas otras solicitudes según se puede consultar en el sistema Infomex), Zúñiga Herverth y Reza Crenshaw optan por develar sus prejuicios y su papel de guardianes de la información que pueda afectar a su patrón.
Tras afirmar que la nota está cargada de juicios de valor, sin acreditarlo, aseguran que eso podría equivaler a que ellos podrían asumir que la petición de información es meramente política, simplemente porque quien la solicita se apellida Nava. Ese tipo de consideraciones al responder una solicitud de información no caben: se evalúa si es pública o no conforme a la ley y se atiende.
“En ese mismo tenor”, agregan en su réplica, “esta actitud tan parcial, podría hacer pensar que esta situación, no refleja más que un ánimo de revanchismo político, contra quien en su momento fue presidente de la Junta de Gobierno y que de momento, no tiene ninguna liga con el INTERAPAS”.
Sin mencionarlo, se autodefinen como protectores de los intereses de Ricardo Gallardo Juárez, quien por estar de licencia, en este momento “no tiene ninguna liga con el INTERAPAS”. Con esos argumentos, sólo abren más sospechas sobre la información que niegan con tanto ahínco.
Si Jaime Nava describió en su nota una de tantas maniobras a las que recurre el INTERAPAS para evitar proporcionar a los solicitantes la información pública, con su réplica Zúñiga Herverth y Reza Crenshaw sólo expusieron hasta dónde están dispuestos a llegar para impedir el derecho de acceso a la información pública y el poco respeto que le tienen a la transparencia.
Peor aún: han exhibido el tipo de prejuicios de los funcionarios a quienes cualquier ciudadano tiene que enfrentarse si se le ocurre pedir información pública del INTERAPAS.
