Por Victoriano Martínez
El Congreso del Estado elegirá hoy a un integrante de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y de entre los tres comisionados que la integren después de ese nombramiento, seleccionará a quien la presida por los próximos dos años.
Se trata de la renovación del organismo que tiene como función garantizar el derecho de acceso a la información pública (DAIP) a todo aquel que requiera documentación en posesión de las dependencias públicas existentes en todo el territorio potosino. Sí, es el organismo responsable de que cada vez se transparente menos la administración pública.
Desde 2008 que se utiliza este mecanismo para seleccionar a un integrante de la CEGAIP de manera escalonada, en ningún caso ha tenido el objetivo de nombrar a alguien que fortalezca el DAIP, y en todos los casos el perfil seleccionado llega para proteger la vocación de opacidad de gobernador en turno, y de ahí para abajo, el de todos los funcionarios.
Las cifras que arroja la actuación de la CEGAIP para garantizar que la información sea pública son muy descriptivas de la forma en que la información pública se cierra al acceso del ciudadano.
Baste con ver el porcentaje de los recursos de inconformidad que recibe en los que le da plenamente la razón al solicitante de la información que no ve satisfecha su petición. De todas las opciones del sentido que puede tener una resolución de la CEGAIP ante una queja, la revocación de la respuesta es la que da plenamente la razón al peticionario y ordena al funcionario la entrega de lo que negó.
En 2006, en una de cada tres quejas (el 33%) que la entonces CEGAI recibía, emitía una resolución de revocación de la respuesta que habían dado las dependencias públicas y ordenaba la entrega de los documentos pedidos.
Para 2013, ya con el esquema de renovación escalonada de la CEGAIP, el número de resoluciones ya había dejado de favorecer drásticamente a quienes requerían información pública. Para entonces, en sólo una de cada 6.3 quejas (el 15.9 por ciento) era revocada la respuesta insatisfactoria de los funcionarios.
Para 2017, con los actuales comisionados, la proporción de los casos en los que se le da la razón a quien se queja por no haber recibido la información que requería es de apenas en una de cada 8.8 quejas (el 11.38 por ciento).
A ese ritmo se han reducido las posibilidades de que el organismo que está para garantizar la transparencia atienda a los requerimientos de información del ciudadano, y con los perfiles que hoy llegan al Pleno del Congreso del Estado para ocupar la vacante que dejará este 30 de junio Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, la única garantía es que la opacidad siga avanzando.
Si a eso le sumamos que el nuevo comisionado será seleccionado por un grupo de diputados que en la prensa de circulación nacional ha quedado exhibido como quienes operan un esquema de crimen bien organizado para defraudar al erario, difícilmente se puede esperar que apliquen criterios que privilegian la transparencia para seleccionar al nuevo defensor del DAIP.
No, la CEGAIP como organismo para garantizar mayor transparencia gubernamental no se renueva. Más bien, con los nombramientos de comisionado y presidente del día de hoy, se refuerza para garantizarles, desde al gobernador para abajo, que sigan actuando en la opacidad.
