Por Victoriano Martínez
A los actuales diputados les hicieron falta 32 meses en el cargo y más de una decena de denuncias penales por utilizar empresas fantasmas para comprobar gastos de gestoría institucional para darse cuenta de que con el uso de esa partida violaban, entre otras normas, la Constitución Política del Estado.
El pasado 17 de mayo, los 26 diputados que se encuentran en funciones (nueve de ellos suplentes con pocas semanas en el cargo, con excepción de Jorge Luis Miranda) presentaron una iniciativa “para eliminar el concepto de gestoría institucional”.
En su iniciativa, el Congreso en pleno –todos la firman–, confiesan que “dicho concepto no es compatible con las nuevas disposiciones que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, aunado a que en las atribuciones constitucionales de este Poder Legislativo no se contempla la función de gestoría”.
Su violación a la Constitución y a la ley que mencionan la explican con el principio general del derecho que establece que las autoridades sólo pueden hacer aquello que está establecido expresamente en la ley.
Es decir, aun si los más de 30 millones de pesos que presuntamente aplicaron a ayudar a personas los hubieran entregado efectivamente a los supuestos beneficiarios, de cualquier modo se trataría de una violación a la Constitución y, por tanto, de un desvío de recursos que los hace sujetos de una sanción.
La labor de organizaciones como Ciudadanos Observando y Ganemos, así como trabajos periodísticos locales y en prensa de circulación nacional, sólo exhibió la forma en que la perversión de las facultades del Poder Legislativo llevó a los actuales diputados a institucionalizar la corrupción y formar un esquema de crimen bien organizado para defraudar al erario.
En la sesión de hoy es previsible que los diputados votarán por unanimidad la aprobación del dictamen que resuelve las iniciativas del Consejo Ciudadano de Transparencia del Poder Legislativo y la de ellos mismos, para eliminar los apoyos legislativos y de gestoría.
De cumplir con las disposiciones que aprobarán, habrán eliminado el origen de todas las corruptelas denunciadas ante la Fiscalía General del Estado en los últimos meses, pero también se convertirá en la ratificación, como parte de un decreto, de la confesión del desvío de recursos en agravio de las facultades que les da la Constitución.
Dicho en palabras de los propios diputados en su iniciativa: “la Ley Orgánica del propio Congreso deberá constreñirse a regular lo que previamente establece el Pacto Político Local (la Constitución)”.
De cumplirlo, en adelante se ajustarán a la legalidad.
Pero no sólo se dio la violación a la Constitución, sino que sobre esa desviación de recursos a facultades inexistentes se dieron acciones delictivas sobre las que existen denuncias penales, de las que este acto no los exonera.
Más aún, el Consejo Ciudadano de Transparencia del Poder Legislativo presentó en febrero una denuncia por la entrega de apoyos de gestoría acumulados desde el inicio de la Legislatura a esa fecha por 28 millones 457 mil pesos.
“No hemos encontrado quien nos diga bajo que sustento legal se hacen estas erogaciones”, declaró entonces Luis Rentería Monsiváis, integrante del Consejo Ciudadano de Transparencia.
Con el dictamen que este jueves se aprobará en el pleno del Congreso del Estado, los diputados reconocerán, vía decreto, que de tales recursos se dispuso efectivamente sin ningún sustento legal.
Proponer ellos mismos y ahora aprobar su propia iniciativa para constreñirse a la Constitución es un buen primer paso. El que le sigue ahora es que colaboren para desmantelar la corrupción que institucionalizaron y, sobre todo, que no quede impune.
