Jaime Nava
Con el número de expediente 480/2018 quedó registrada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos la queja por discriminación y violación a los Derechos Humanos presentada por María Eugenia Barrios Meza, trabajadora de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental en contra de su titular, Yvett Salazar Torres por haberla despedido durante un periodo de incapacidad debido a que presenta un embarazo de alto riesgo.
En la narración de los hechos, María Eugenia Barrios reveló que, cuando se encontraba en periodo de incapacidad por el embarazo de su primer hijo, Yvett Salazar Torres le ordenó que regresara a su lugar de trabajo, a pesar de que le restaban 17 días a su incapacidad.
También, dio cuenta del interés especial que Yvett Salazar Torres les puso a las solicitudes de información presentadas por la organización Cambio de Ruta A.C. para conocer datos relacionados con las mediciones de la calidad del aire en San Luis Potosí.
“A mediados del mes de mayo la titular de la SEGAM me citó en su oficina para indicarme que tuviera cuidado de la información de calidad del aire porque le había llegado el rumor de que una empleada sindicalizada visitaba la oficina del representante legal de la asociación civil”, narró María Eugenia Barrios.
Asimismo, expuso que, aunque Yvett Salazar estaba al tanto de que su segundo embarazo era de alto riesgo, le dio instrucciones para que se encargara de las reforestaciones “lo que frecuentemente implica cargar varios árboles que son donados por la SEGAM”. De acuerdo con el relato de María Eugenia, a finales de mayo del 2018 tuvo que acudir en dos ocasiones a la Arenera La Palma a recoger plantas donadas a la SEGAM acompañada por dos empleadas más para cargar árboles entre las tres.
Lo mismo ocurrió el 14 de junio, cuando entre María Eugenia y una empleada de nombre Mayra Susana Schulz Pérez tuvieron que trasladar 400 árboles para realizar una reforestación y, al día siguiente, entre Yvett Salazar y María Eugenia descargaron de una camioneta 100 árboles más.
Tras ser despedida, a María Eugenia se le revisaron todas las pertenencias personales que sacó de su oficina con el argumento de que necesitan verificar que no se llevara nada que fuera propiedad de la SEGAM y como se negó a firmar las cartas de renuncia que le exigían le advirtieron que de no hacerlo su cheque demoraría más.
La queja fue presentada el 10 de julio y notificada a la SEGAM desde el 11, por lo que desde ese día cuenta con un plazo de 10 días hábiles para responder ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
