Por Victoriano Martínez
Se llama impunidad y está presente en más del 99 por ciento de los delitos que se comenten en el país y en el estado.
Se llama impunidad y es la expresión más acabada del sistema de procuración de justicia que hoy rige, cual consigna de tolerar las injusticias para provocar las que les siguen.
Una espiral descendente y sin freno, así en el discurso oficial se asegure que se trabaja en detenerla.
Por mucho que el presunto freno tome la forma de una declaratoria de Alerta de Género, los feminicidios se muestran imparables y ocupan las planas de los diarios y portales de noticias, como uno de tantos recordatorios de la negligencia gubernamental.
Como telón de fondo, la impunidad que anuncia el riesgo creciente en el que se encuentran las mujeres en San Luis Potosí.
Por mucho que el gobernador o el secretario de Seguridad Pública se afanen en pronunciar que San Luis va, y va bien, y hasta a afirmar que van menos homicidios que los que el propio Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública lleva registrados, las ejecuciones no paran, no tienen freno.
Una violencia que galopa en caballo de impunidad.
Una criminalidad alentada por esa impunidad, al grado de que todo lo invade, y hasta al servicio público lo tiene pervertido desde hace varios años, pero nunca tan visible y descarado como ahora y en todos los ámbitos gubernamentales.
Un virus de impunidad con pronunciados síntomas de cinismo.
“Un esquema de crimen bien organizado para defraudar al erario”. Así fue descrita la forma de operar presuntas ayudas sociales desde el Congreso del Estado, que se revela como el más claro exponente de lo que provoca la impunidad.
Apropiarse de lo ajeno simplemente porque se está en el lugar desde donde se puede y en el que el manto de impunidad cubre con mayor eficacia en el otro esquema, el de tapaos los unos a los otros.
Y esos lugares se replican en los tres poderes, en los ayuntamientos, en los organismos autónomos, etc. etc.
Un apropiarse de lo ajeno que nunca fue tan visible ni generador de una incipiente indignación ciudadana que si fuera acompañada por la que se manifiesta en mesas de café o la sala de las viviendas, la denuncias penales que a la fecha se han llegado a la Procuraduría de Justicia contarían con presión suficiente para provocar consecuencias.
Pero prevalece el intercambio de servicios de impunidad. El tortuguismo como método: un ministerio público que entretiene las carpetas de investigación; un Congreso del Estado que nombra fiscales pero no les pone las reglas para actuar; un Ejecutivo que…; una Auditoría Superior del Estado que…; un Ayuntamiento que…
Todos tienen algo que aportar para que la justicia no avance, y la impunidad prevalezca.
La ciudadanía anuncia sus denuncias, y los denunciados expresan su tranquilidad.
“No hemos sido notificados oficialmente pero estamos en toda la disposición”, afirma Héctor Mendizábal Pérez.
“Yo no tengo ningún problema, de eso estoy segura. Ya dependerá de la autoridad y de lo que aporte quien está presentado la denuncia”, dice Esther Angélica Martínez Cárdenas.
El telón de fondo es esa cualidad que caracteriza a todos esos actos: quedan sin castigo.
Se llama impunidad… y su manifestación seguirá presente en forma de feminicidios, homicidios, todas las modalidades de delitos, sin faltar todas las modalidades de corrupción en la administración pública, por mucho que simulen intentar frenarla.
En siete meses 32 feminicidios; 4.57 mujeres mueren violentamente cada mes en SLP
Registró SLP 3 mil 262 homicidios en una década, 2017 el de mayor número de crímenes
Diputados ofrecen dinero o trabajos a cambio de que no los denuncien: Ganemos
