Por Victoriano Martínez
La sesión del Congreso del Estado de este viernes fue, sin duda, del desquite contra las protestas que hace un año sometieron a los legisladores en una sesión plenaria: aprobaron los dictámenes que entonces se vieron obligados a rechazar y, de paso, nombraron como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia a modo.
Por mayoría, los integrantes de la LXI Legislatura aprobaron hoy los informes finales de auditoría a las Cuentas Públicas 2016 de 115 entes fiscalizables con las mismas observaciones que en los dictámenes que fueron rechazados en la sesión del 29 de junio de 2017, cuando en el recinto legislativo se registraron fuertes protestas ciudadanas.
Los dictámenes fueron aprobados en bloques, de los cuales el primero fue el correspondiente a las cuentas públicas de los 58 ayuntamientos, que fue en el único caso en el que hubo una intervención.
El diputado Héctor Mendizábal Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión de Vigilancia, usó la tribuna para señalar dos correcciones en los dictámenes de los informes correspondientes a los municipios de Villa de Arista y Villa Juárez, a los que les habían atribuido las observaciones de Venado y Villa Hidalgo, respectivamente.
Tras la corrección que provocó técnica copy-paste, los 58 dictámenes fueron aprobados por mayoría con la excusa para votar por parte de los diputados Oscar Bautista Villegas y José Guadalupe Torres, quienes fueron señalados por Enrique Flores Flores como parte de la ecuación corrupta para limpiar cuentas municipales, en el video escándalo de junio del año pasado.
A diferencia de la sesión del 29 de junio de 2017, cuando en el pase de lista para votar cada que nombraban a uno de los legisladores el público gritaba “rata” y a la pregunta “¿falta alguien de votar?” el grito era “el pueblo”, en esta ocasión no hubo un solo sobresalto en la sesión.
En esta ocasión, la lectura fue pausada con un público casi atento y hasta con oportunidad de que Fernando Chávez Méndez, presidente del Congreso, cediera su lugar a María Lucero Jasso Rocha, vicepresidente, para atender llamadas en su celular y cabildear con algunos de sus compañeros, seguramente sobre la, en ese momento, pospuesta discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía.
El 29 de junio de 2017, Manuel Barrera Guillén, como presidente del Congreso, dio lectura acelerada e inaudible a los dictámenes que fueron rechazados ante la presión ciudadana, cuya gritería opacó a las bocinas del recinto. Hoy no hubo un solo grito del público en el recinto legislativo.
Tras la aprobación de los informes, se declaró un receso luego del cual se sometió a votación la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se ratificó a Luz María Enriqueta Cabrero Romero como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del 4 de noviembre de 2018 al 3 de noviembre de 2024, y se nombró al titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia.
Héctor Mayorga Delgado, quien fuera el primer Auditor Superior del Estado y a quien la Comisión de Vigilancia había propuesto para ocupar el cargo en un dictamen que fue retirado de la sesión plenaria del 15 febrero, resultó electo en esta ocasión con 14 votos a favor.
En la terna propuesta al Pleno aparecían como candidatos Oscar Alarcón Guerrero, ex Contador Mayor de Hacienda, quien tuvo 11 votos a favor, y María del Carmen Aranda Manteca, ex contralora interna del Ayuntamiento con Mario García Valdez, quien no obtuvo un solo voto.
Mayorga Delgado se caracterizó por proteger las cuentas públicas del ex gobernador Marcelo de los santos y parte de las de Fernando Toranzo Fernández, entre las que destaca el caso del crédito de fin del sexenio marcelista por mil 500 millones de pesos, de los cuales se observaron irregularidades compartidas por ambos mandatarios.
