Por Victoriano Martínez
La instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que se realizó el martes 28 carece de legitimidad y legalidad, advirtió en un comunicado Mónica Torres Palacios, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SEA.
En un comunicado, Torres Palacios denunció que sus compañeros integrantes numerarios del CPC-SEA la desplazaron de la representación que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción le da ante el Comité Coordinador.
“Al iniciar la sesión, me sorprendió que se cambiara el orden del día, además de enterarme que había sido excluida para representar al Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador, atribución que me compete y se estipula en el Art. 24 inciso II de la Ley”, expone Torres Palacios.
El artículo 24 de la Ley señala que “el Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones (…) II. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador”.
Durante la instalación del Comité Coordinador, Efraín Arriola Ortiz asumió la representación del CPC, según argumentaron, por un acuerdo entre los cuatro integrantes numerarios de ese organismo en el que ellos eligieron a quien los representaría.
El artículo 21 de la Ley del SEA prevé que los integrantes del CPC designen a su representante en el Comité Coordinado, pero para los casos “de presentarse la ausencia temporal del representante”, y sólo para “sustituirlo durante el tiempo de su ausencia”.
Torres Palacios ocupa la presidencia del CPC ante la ausencia definitiva de Alma Irene Nava Bello, quien había sido designada en ese cargo y renunció desde el pasado mes de octubre. Se encontraba presente en la reunión, por lo que no existió el supuesto de una ausencia temporal del representante del CPC.
“Se dio a conocer que Efraín Arriola Ortiz, había sido electo por el resto de los miembros del CPC del SEA en SLP, en una reunión a la que no fui convocada de manera oficial como lo marca la Ley, y en virtud de ello cualquier acuerdo tomado durante la reunión carece de toda legitimidad y legalidad, por lo tanto no produce ningún efecto jurídico”, advirtió Torres Palacios.
El Comité Coordinador se instaló el pasado martes y al día siguiente Arriola Ortíz se reunió con el gobernador Juan Manuel Carrereas López, sobre lo que se emitió un comunicado en el que afirman que “este gobierno ha impulsado e implementado medidas inéditas en la materia”.
Hizo un llamado a sus compañeros del CPC-SEA para regularizar, formalizar y sistematizar el debido proceso para la conformación del Comité Coordinador, y consideró que su desplazamiento de la representación ante el CC constituye un acto de violencia política más contra su persona por parte de sus compañeros.
“Considera un acto más de violencia política contra mi persona, lo cual ha sido recurrente desde hace algunos meses a la fecha y del que he notificado a las autoridades correspondientes para que se active el protocolo de violencia política con las medidas de protección pertinentes, cosa que hasta la fecha no ha sucedido”.
“Dichos actos de violencia política se han normalizado e incrementado, teniendo como resultado este acto irregular el derecho a presidir ante el Comité Coordinador”, señaló.
“Es importante señalar que derivado de lo anterior, hago responsable a los integrantes del CPC de cualquier daño moral, físico o patrimonial a mi persona como a mi familia”, agregó.
El comunicado de Torres Palacios aparece en la página del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Facebook.
En sesión llena de traspiés, se instala Comité Coordinador Anticorrupción
