Antonio González Vázquez
Pese a cargar la pesada lápida del caso Sandra Sánchez Ruiz sobre sus espaldas, la Gallardía reclama ahora que el gobierno municipal sea transparente en la adquisición de medicamentos y la contratación de servicios médicos. Sandra Sánchez fue la proveedora “fantasma” que según la nueva administración municipal, hasta ahora se han encontrado facturas por pagos por hasta 55 millones de pesos.
Hace apenas una semana, el secretario General del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, denunció públicamente que entre los presuntos actos de corrupción en el gobierno de Ricardo Gallardo, esta el caso de esa proveedora a quien incluso aun se le adeudan 3 millones de pesos que no ha acudido a cobrar.
Hoy, el Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática ofreció una rueda de prensa en la que su presidente, Ernesto Barajas Ábrego, ex secretario General del ayuntamiento Gallardista, reclama el presunto desaseo en el proceso de contratación de servicios médicos y de proveedores de medicinas.
No obstante que el caso de Sánchez Ruiz no fue aclarado en la anterior administración y que ahora es objeto de investigación por parte del nuevo gobierno municipal, el dirigente municipal del partido del sol azteca anunció que se solicitará que se investigue la omisión del concurso público y los millonarios costos erogados.
En el comunicado del PRD capitalino, su dirigente afirma que “el alcalde Xavier Nava Palacios a través del Comité de Adquisiciones asignó sin licitación pública el servicio médico y de proveeduría de medicamentos, por lo que vemos su falta de congruencia de su discurso de honestidad con los hechos, al no apegarse a la ley, esos servicios debieron licitarse pero se asignaron de manera directa”.
Y agrega que “uno de los primeros actos de la nueva administración de Xavier Nava fue favorecer a varias empresas y dos personas físicas sin proceder a concursar las adjudicaciones, no antepuso el interés público de seleccionar las mejores propuestas, no comparó cotizaciones, no está cuidando el erario municipal”.
“Por lo que solicitaremos de manera oficial se nos informe sobre estos primeros montos erogados a favor de las empresas y las personas físicas para el otorgamiento de los servicios médicos y proveeduría de medicamentos, deben ser montos superiores a los 350 millones de pesos”, anuncia.
La denuncia se presenta luego de que el ayuntamiento dio a conocer que funcionarios de la administración municipal se quedaron con teléfonos celulares cuyo servicio le costó al gobierno municipal 3 millones de pesos.
Sobre ese tema, el PRD que “el Oficial Mayor en lugar de exigir su devolución a través de los medios de comunicación y violar el derecho de privacidad de los ex funcionarios al revelar sus datos, debió acudir a las instancias competentes, por lo que incurrió en un grave error con esta acción, además de que no hay constancia de los dispositivos móviles sean propiedad municipal”.
