Leticia Vaca
Ejidatarios de La Presa Villa de Guadalupe interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por amenazas, acoso, hostigamiento y vulnerar sus derechos derivadas de la resistencia que han mantenido a la construcción de la presa La Maroma.
Por la que se pide a la CNDH se rindan las medidas cautelares para proteger a ejidatarios que se han convertido en los defensores de sus tierras, “estamos molestos porque la ley no ha sido pareja, muchos compañeros han sido demandados y llamados a comparecer. Anteriormente pusimos una demanda contra la Conagua y la CEA por vulnerar nuestros derechos, por defender nuestra agua y nuestras tierras, los cenotes, arroyos y manantiales son sagrados, tenemos el derecho constitucional de nuestras tierras y aguas” comentó el ejidatario Hernando Gómez.
Han sido criminalizados por su movimiento, porque han citado al comisario ejidal, Teodoro Cárdenas, y otros ejidatarios a comparecer ante la Fiscalía, “denunciados por propias autoridades cuando en realidad ellos (los ejidatarios) presentaron una denuncia contra las autoridades por falsificación de firmas y falsear un asamblea”. Expuso el abogado representante, Guillermo Luévano Bustamante.
A decir del comisariado ejidal, Teodoro Cárdenas, han recibido visitas constantes de supuestos ministeriales quienes acuden a su domicilio para amedrentarlo, “van conmigo y me dicen te tengo identificado (…) el propio delegado de la Conagua, Manuel Téllez Bugarin, al día siguiente que dimos una rueda de prensa, llegó a mi casa y me dijo que ya nos tenía identificados (…) esa fue una amenaza, pero también me denunció porque supuestamente yo había golpeado a trabajadores, nunca los tratamos mal, ellos siguen trabajando”.
Además se señala como autoridades responsables de los hechos que dieron lugar a la queja: Manuel Téllez Bugarín, delegado de la Dirección Local de la Comisión
Nacional del Agua en San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Federico Garza Herrera, Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, Jesús Alfonso Medina Salazar, Director General de la Comisión Estatal del Agua.
Asimismo, evidenciaron que derivado de las obras, se han detectado varios contaminantes en el agua, con diesel, aceites y materiales, “todo lo están echando al manantial que es de dónde nosotros hemos tomado agua toda la vida.
En la queja que pusieron ante la CNDH se solicita “que sean emitidas de manera urgente, medidas cautelares de conservación de nuestros derechos, a saber: al goce de bienes naturales, al agua, a la salud, al medio ambiente, mediante la cancelación del ilegal proyecto de acueducto (antes presa) “La Maroma”, que corresponde a la autoridad Conagua y a la Comisión Estatal del Agua; así como la preservación del goce de nuestro derecho a la protesta, a la libertad y a la manifestación de las ideas, mediante la suspensión de medidas persecutorias y criminalización en nuestra contra, lo cual corresponde al gobierno del estado de San Luis Potosí y a su Fiscalía General”.
Además de que “una vez sustanciado el procedimiento correspondiente, se emita
recomendación dirigida a las autoridades señaladas una vez que resulten responsables de la investigación que realice esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, para efecto de que lleven a cabo los actos tendientes a garantizar los derechos humanos de cuya vulneración nos dolemos”.
