Por Victoriano Martínez
Chofer de Uber o no, el incidente retrata algo que va mucho más allá de la prepotencia de servidores públicos muy alejados del perfil de sus puestos.
Ese salto de inspeccionar que se cumpla con la Ley de Transporte del Estado a protagonizar una persecución y asalto a un sospechoso, los acerca más a un perfil sicario que al de un servidor público.
Esa actitud de primero mato y después averiguo dejó este viernes a un menor de dos años de edad y a su madre con el susto de que dos vehículos con personal agresivo les cerraran el paso.
El clima de inseguridad no está para menos y, aunque trajeran colgados sus gafetes de la SCT estatal, nada les garantizaba que, por las características de la actuación, no se tratará de una acción del crimen organizado.
Es la actitud de los supuestos servidores públicos la que llama la atención, pero el contexto y lo que deja ver apunta a un problema de mayores alcances.
Durante el desarrollo del incidente, por los radios de un numeroso grupo de taxistas circularon convocatorias para que acudieran “a apoyar a la banda”, tanto en el punto del enfrentamiento como en la comandancia del Centro de Abastos, a donde llevaron a los detenidos.
El llamado a los taxistas fue para apoyar a los inspectores de la SCT y para “reventar cabrones” de Uber. Decenas de taxis se presentaron en ambos puntos.
¿Qué tipo de relación existe entre los inspectores de la SCT y los taxistas? ¿Qué omisiones de la autoridad han provocado que, por la agresividad mostrada este viernes, se den este tipo de colusiones antes que las gestiones necesarias para regularizar todo tipo de transporte público?
No bastarán las sanciones administrativas para los inspectores involucrados, e incluso si se les sanciona por la comisión de algún delito.
Se trata apenas de la punta de una madeja de una compleja bola de omisiones, negocios legales e ilegales, lícitos e ilícitos, que no es la primera vez que provocan incidentes como el de este viernes.
Un conflicto que ha dejado injustificables daños y hasta lesiones de diferente magnitud a trabajadores de Uber.
Un conflicto que este viernes rebasó los límites de los directamente involucrados, y muestra que ahora cualquiera podría ser víctima no sólo de los inspectores de la SCT, sino hasta de los taxistas que de inmediato se aprestan a darles apoyo.
Toda violencia que se ha dado en este conflicto desde la llegada de Uber ha sido condenada.
Que el conflicto abra el abanico de riesgo para cualquier ciudadano es motivo de mayor reprobación a la actitud de una autoridad que no resuelve el problema de fondo y, con ello, alienta un clima en el que cualquier ciudadano podrá ser víctima, como si con la inseguridad generalizada no bastara.
La violencia protagonizada por los inspectores es apenas un síntoma. Lo que urge es que se resuelva el mal que lo provoca.
