Victoriano Martínez
Hoy termina el 2018 para la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) tendrá su último día laboral y a partir de mañana se van de vacaciones.
Un periodo que suele ser tomado por todos los entes obligados para suspender todos los plazos de atención a solicitudes de información.
La transparencia queda en suspenso. El derecho de acceso a la información pública también se va de vacaciones.
Para el derecho de acceso a la información pública el año ya acabó y la transparencia terminó, según las propias cifras de la CEGAIP, en un 38.53 por ciento de cumplimiento cualitativo en promedio.
En otras palabras, la opacidad es de 61.47 por ciento.
No sólo es producto de la falta de voluntad de los sujetos obligados –y en muchos casos ignorancia o negligencia–, sino una muestra de la poca efectividad que tiene la CEGAIP como organismo garante del derecho de acceso a la información pública.
Las obligaciones de transparencia –el catálogo de información que las dependencias deben difundir de oficio en sus páginas de internet– existen desde que se publicó la primera Ley de Transparencia en el Estado el 20 de marzo de 2003.
A mucho más de 15 años, hablar todavía de que no se cumpla con algo que ya debería ser parte de la rutina de trabajo de la administración pública sólo puede ser producto del fracaso de una institución creada para vigilar y promover ese cumplimiento.
A tres meses de que se cumplan 16 años de la primera Ley de Transparencia la CEGAIP no fue capaz ni siquiera de proteger el ejercicio del derecho de acceso a la información pública durante los últimos tres años, en los que la Gallardía cobró las copias simples a más de 40 pesos.
La CEGAIP nació en julio de 2004. Está por cumplir 15 años, y ese periodo sólo le ha servido para demostrar que es un garante inútil, que se encuentra en sus peores momentos.
Aplica a medias evaluaciones a las que está obligada por Ley. Resulta loable el esfuerzo que hace por difundir sus resultados, aunque presente inconsistencias.
Si la administración pública cumple a un nivel del 38.53 por ciento con la difusión de información pública, no sólo hay que lamentar ese bajo porcentaje, sino también que su consulta es un galimatías inaccesible para la mayoría de la población.
La garantía del derecho de acceso a la información pública tiene tiempo que camina para atrás, pero quienes la encabezan mantienen sus altos ingresos, viajan con generosos viáticos cuya generosidad se extiende hasta propinas inigualables y, sobre todo, gozan de dos amplios periodos vacacionales en el año.
Este martes comienza su segundo periodo vacacional.
La transparencia baja la cortina por lo que le queda al 2018.
Corrección: La muy escasa transparencia también cree merecer vacaciones…
