Por Victoriano Martínez
La diputada María Isabel González Tovar incurrió en actuación bajo conflicto de interés al intervenir en el dictamen del informe de auditoría a la Cuenta Pública 2017 del Ayuntamiento de San Luis Potosí en noviembre pasada y está por repetir esa actuación irregular al participar en el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2018 como integrante de la Comisión de Vigilancia.
De acuerdo con el artículo 3º fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, el conflicto de interés es “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
González Tovar fungió como Primera Síndico Municipal durante la administración de Ricardo Gallardo Juárez, por lo que tiene intereses personales en la forma en que se resuelva la revisión de las Cuentas Públicas de la administración de la que fue parte.
Entre los casos en los que se encuentra directamente involucrada González Tovar, se encuentran los dos contratos que la administración de Gallardo Juárez entregó, en atención a solicitudes de información vía transparencia, para justificar la presunta compra de medicamentos a Sandra Sánchez Ruiz.
En ambos documentos aparece la firma de González Tovar inmediatamente después de la de Gallardo Juárez.
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Responsabilidades, la Contraloría Interna del Congreso del Estado debió verificar “la situación o posible actualización de algún conflicto de interés”.
En el dictamen del Informe General de las Cuentas Públicas de 2017, votado en sesión plenaria del Congreso del Estado, aparece la firma de González Tovar en la votación que aprueba el dictamen de la Comisión de Vigilancia.
“Incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal”, señala el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades.
“Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior”, agrega, “el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o el órgano que determinen las disposiciones aplicables de la institución de adscripción, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos”.
El próximo 15 de marzo, el Congreso del Estado recibirá las cuentas públicas municipales de 2018, entre ellas la del municipio de San Luis Potosí que incluye nueve meses de la administración de la que González Tovar fue parte, lo que la coloca en la hipótesis de actuar bajo conflicto de interés.
Ya en el caso de la cuenta pública correspondiente a 2017 lo hizo sin excusarse, y también sin que la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Marite Hernández Correa, ni la Contraloría Interna del Congreso del Estado hayan actuado en consecuencia.
