Por Victoriano Martínez
Reducir la disputa por las tierras en San Juan de Guadalupe a la confrontación entre un grupo de comuneros que están de acuerdo en vender sus tierras a desarrolladores inmobiliarios en las condiciones que éstos ponen y otro que se niega a la venta, hace perder el foco sobre el bien superior que se encuentra en juego.
Se trata de un territorio considerado con tal valor ecológico, que su protección tiene que ver con mantener a la ciudad como un centro de población viable por dos aspectos básicos: como pulmón y como área de contención de grandes avenidas de agua por ser una zona de recarga de los mantos acuíferos.
Es decir, se trata de tierras cuya importancia tiene que ver con la calidad del aire que respiramos y con evitar los riesgos de inundaciones que pondrían en peligro la seguridad de quienes habitamos la ciudad. Dos cuestiones vitales.
Resulta lamentable que en el forcejeo por el control de esas tierras surja la violencia, como el pasado sábado, en hechos en los que resultó lesionado Carlos Covarrubias Rendón, abogado de uno de los grupos de comuneros de San de Guadalupe.
Es de lamentar, porque exhibe a los extremos a los que puede llegar el grado de ambición de quienes ven en esas tierras la oportunidad de grandes negocios y la forma en que tal voracidad los hace perder de vista el gran daño que pueden provocarle a toda la ciudad.
No hay dos bandos en el conflicto. Las autoridades estatales y municipales están obligadas a reaccionar con una defensa a favor del tercer bando: la viabilidad de la ciudad, sin que sea exagerada la expresión.
Desde finales del siglo pasado comenzaron los estudios sobre la importancia de toda la Sierra de San Miguelito, se formalizaron a partir de 2004 y desde 2009 se concluyó en un proyecto de decreto para declarar Área Natural Protegida más de 50 mil hectáreas. Tres gobernadores, incluido el actual, le han fallado a la ciudad al no firmar y promulgar el documento.
El gobernador Juan Manuel Carreras López y el alcalde Xavier Nava Palacios están llamados a buscar una solución del conflicto que atienda la protección que requiere esa área natural, incluso sin descuidar las posibilidades de desarrollos inmobiliarios, siempre y cuando no se conviertan en daños ecológicos irreversibles en contra de la ciudad.
Las autoridades son mucho más que simples mediadores en el conflicto. Representan los intereses que los colocan como defensores de un bien superior: un desarrollo armónico entre el crecimiento de la ciudad y la preservación ecológica que la vuelva sustentable.
