Jaime Nava
Derivado de la queja que presentó la ex magistrada Adriana Monter Guerrero en contra del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Paulo Almazán Cue, por acoso laboral y violencia política de género, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió medidas cautelares para garantizarle a la quejosa “un trato respetuoso, digno y equitativo” dentro del Poder Judicial en observancia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En un documento dirigido al primer visitador de la CEDH, Almazán Cue negó la existencia de actos irrespetuosos, indignos o discriminatorios en contra de Adriana Monter Guerrero; además, aseguró que la medida precautoria ya se encuentra “atendida y superada” por lo que la consideró “innecesaria”.
La violencia en contra de Adriana Monter Guerrero comenzó cuando decidió interponer un amparo porque no se le respetó su derecho a ser evaluada y ratificada en el cargo. Antes de que acudiera al amparo, Almazán Cue le advirtió que habría consecuencias “políticas” por iniciar ese tipo de acciones jurídicas para defender su cargo.
El aviso se materializó cuando, al impedirle continuar como magistrada, a Adriana Monter Guerrero tampoco se le permitió volver a su puesto como secretaria general del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. “Me destituyó por un supuesto conflicto de intereses y pérdida de confianza derivado de un asunto en el que yo no tenía nada que ver, sino el Consejo de la Judicatura”.
Adriana Monter Guerrero sostuvo que los actos de violencia de género y acoso laboral tienen como trasfondo la intención de Almazán Cue de beneficiar a Felipe Aurelio Torres Zúñiga. “Él (Almazán Cue) utilizó el pretexto del supuesto conflicto de intereses para ganarle tiempo a Felipe Aurelio en la magistratura”.
Aunque Adriana Monter Guerrero obtuvo un amparo que ordena dejar sin efecto el nombramiento de Felipe Aurelio Torres Zúñiga, dijo que se han presentado recursos con la única intención de alargar el procedimiento para hacerles “ganar tiempo”.
El acoso continúa
A pesar de que en el escrito que entregó a la CEDH Almazán Cue pide que “se determine innecesaria la aplicación de medida alguna ante la inexistencia de violaciones a los derechos humanos”; Adriana Monter Guerrero adelantó que podría ampliar su queja porque el acoso hacia su persona no se ha detenido.
Explicó que actualmente se encuentra laborando como proyectista en el Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito Judicial en San Luis Potosí y que, no obstante que cuenta con derecho a dos pases de salida, al solicitar permiso para hacer uso de uno de ellos, le fue negado. “La juez me dijo, literal, ‘no, por órdenes del presidente’; Además, con la amenaza de que si vuelvo a faltar me van a despedir”.
También, relató que fue detenida por una de las policías que cuidan la entrada al Poder Judicial del Estado quien le cuestionó que a dónde se dirigía y no quería permitirle salir de las instalaciones. “¡Hasta marcaje personal!, ¿y dicen que no hay acoso?”, cuestionó Adriana Monter Guerrero.
Tema incómodo para la CEDH
Adriana Monter Guerrero dijo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está intentando evadir su responsabilidad y no quiere entrar al fondo del asunto para resolver la queja presentada en contra de Almazán Cue pues el personal de la CEDH argumenta “extraoficialmente” que se trata de un asunto laboral. “Lo que quiere la CEDH es darle el sesgo laboral, para sacarlo del contexto de la violencia de derechos humanos”.
Ese es, precisamente, uno de los argumentos que se leen en el escrito que Almazán Cue presentó ante la CEDH para solicitar que se determine “innecesaria” la aplicación de medidas en su contra. Al final de la segunda página y al principio de la tercera dice:
Es evidente que la totalidad de los integrantes de los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, incluido el suscrito, no hemos violentado de forma alguna los derechos de la licenciada Adriana Monter Guerrero, ni realizado actos de violencia motivados por su género, siendo que lo que la trabajadora aduce como una violación a su derecho humano al trabajo es en realidad un tema jurisdiccional en materia laboral, puesto que éste fue motivado por el incumplimiento de la trabajadora de sus obligaciones en el puesto de confianza que desempeñaba[…]
Por tal motivo a Adriana Monter Guerrero le parece “muy sospechoso” que el personal de la CEDH y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia arguyan lo mismo, por lo que precisó que si bien existe un conflicto laboral que debe tramitarse en las instancias correspondientes, eso no está relacionado con el origen de la violencia a los derechos fundamentales que ha generado violencia de género y discriminación que sí le competen a la CEDH.
“La CEDH no quiere entrarle al tema porque se trata del titular del Poder Judicial”, comentó.
Finalmente, Adriana Monter Guerrero insistió en precisar que no pretende obtener un beneficio personal, sino que se respeten sus derechos. “Lo que estoy buscando es que deje de acosarme y violentarme. Sí exijo que se respeten mis derechos, pero mis derechos no son negociables […] los actos arbitrarios que él (Almazán Cue) ha generado, son de los que yo me duelo, porque hay injusticia, no porque yo me quiera beneficiar. Aquí el Poder Judicial está sufriendo de acoso laboral por parte del titular que es el primero que debe garantizar los derechos humanos”, manifestó.
