Ciudad de México (08 de agosto de 2016).- A dos años del derrame ácido por parte de una minera de la empresa Grupo México en el Río Sonora, que las autoridades federales calificaron como “el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos”, el conflicto entre los pobladores y los responsables se intensifica con más acciones legales.
Los afectados acusan que los daños persisten y que las acciones de remediación han resultado insuficientes, por lo que promueven dos nuevas acciones colectivas para forzar a la empresa a reparar el medio ambiente y a indemnizar a quienes han visto mermada su salud y actividades productivas, en tanto que la concesionaria de la mina de cobre donde se produjo el incidente insiste en que han cumplido de manera sobrada con sus obligaciones de limpieza y compensación.
El derrame de 40,000 metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014 por una falla en las tinajas de la mina Buenavista del Cobre, provocó afectaciones en siete municipios de Sonora, en los cuales viven más de 24,000 personas.
En busca de una indemnización justa.
Ante esta insuficiencia observada por los afectados por el derrame, pobladores han emprendido una serie de acciones legales tanto individuales como colectivas, con las que se busca el resarcimiento de los daños a los pobladores afectados, pero también por los provocados al medio ambiente.
Las más recientes, dos recursos: una acción colectiva difusa que pretende la reparación del daño al medio ambiente, y otra acción colectiva en sentido estricto, que persigue la indemnización de manera individual para cada uno de los afectados, a raíz de lo que perdieron con el derrame tóxico —tierras, cosecha y ganado— y las afectaciones a su salud, detalla el representante legal de los demandantes, Luis Pérez de Acha.
“Lo que buscamos es que el juez fuerce a la empresa (Grupo México) a que cumpla esa obligación y en caso de que no se pueda lograr materialmente entonces sí tenga que indemnizar en dinero los daños ocasionados”, dice a Expansión, al señalar que este proceso se encuentra en etapa de pruebas mientras que el segundo presenta un mayor rezago.
La solución de estas demandas, añade el abogado, podría tomar entre uno y dos años, respectivamente, y resalta que Grupo México se ha mantenido indispuesta a satisfacer a los afectados.
“Queda clara la intención de Grupo México de no negociar de no reconocer los daños ocasionados y que todo lo va a poder solucionar a través de influencia política, su influencia económica, de su peso empresarial”, enfatiza.
Respecto a los montos estimados de indemnización a los afectados, de los que 50 están sumados a las acciones colectivas y se espera la adhesión de 1,000 más, el especialista comenta que éstas serán determinadas por los peritos, pues son daños que prevalecen.
Además de una multa de 23.5 millones de pesos (0.22% del flujo operativo que Grupo México tuvo en el tercer trimestre de ese año), la empresa dispuso de 2,000 millones de pesos para conformar un fideicomiso a cargo de Nacional Financiera con representación de las autoridades y especialistas para reparaciones al medio ambiente e indemnizaciones, pero los afectados y sus defensores legales cuestionan la manera en que se han aplicado y aseguran que los recursos son insuficientes.
“Han sido paliativos, realmente, si tú vas allá con las personas afectadas, las plantas potabilizadoras, algunas no funcionan, los centros de salud, no han siquiera empezado a construirse y otros no están en operación”, abunda Pérez de Acha.
El abogado de los Comités de Cuenca Río Sonora —en los que algunos de los afectados se han organizado para interponer nueve amparos—, Luis Miguel Cano, detalla que los pagos del fideicomiso fueron de 400 pesos por cabeza de ganado y 10,000 pesos por hectárea de siembra (con un límite máximo de 10 hectáreas por productor) y un pago único por temas de salud.
“A dos años se nota que la economía de la región está colapsada, no se sabe qué persona está intoxicada con metales pesados, no se cuenta con agua que no esté contaminada”, comenta en entrevista con Expansión, al considerar que los daños económicos que dejó el incidente son incuantificables.
Cuando ocurrió el desastre, el entonces secretario de Medio Ambiente federal, Juan José Guerra Abud, declaró que el resarcimiento de daños podría alcanzar “cientos de miles de millones de pesos”. Del fideicomiso de 2,000 millones de pesos, hasta el último corte disponible (agosto de 2015), se había gastado poco más del 60%, y la empresa puede reclamar los recursos que no se ejerzan.
Recientemente, un juzgado federal en Arizona, Estados Unidos, ordenó a Southern Copper Corporation, empresa propiedad de Grupo México y matriz de Buenavista del Cobre, entregar la información acerca del derrame de tóxicos en el río Sonora, información que los afectados esperan utilizar en los juicios de amparo que han interpuesto.
“Que el gobierno haga su trabajo, que vigile a la empresa, que le exija, y que tanto el gobierno como la empresa se hagan responsables. Si las consecuencias negativas de este derrame tardan 20 o 40 años, tienen que hacerse responsables hasta entonces”, sentencia Cano.
Expansión buscó versión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del Gobierno de Sonora, pero no obtuvo respuesta inmediata.
“Estamos en el abandono”.
Apolonio Fimbres perdió la oportunidad de comercializar 40,000 plantas de chiltepín, una especie de chile popular en el norte de México, y también ha visto su negocio de machaca ir en picada, como consecuencia de la tragedia ambiental del 6 de agosto.
El productor acusa que las autoridades se han desentendido del problema, que han ignorado sus peticiones y que las supuestas soluciones planteadas por los responsables —la minera Grupo México— son insuficientes y que algunas ni siquiera han llegado.
“Estamos en el abandono y hasta se han burlado de nosotros porque hemos hecho muchas peticiones”, cuenta vía telefónica a Expansión.
“Últimamente, a la gobernadora del estado a la señora Claudia Pavlovich, el 26 de mayo de 2016, le hicimos un oficio donde le hicimos llegar el problema que tenemos por la cuestión de las aguas, quedaron de hacernos unos pozos con una purificadora que sacara los metales y hasta la fecha no han hecho nada”, agrega Fimbres.
La gobernadora no es la única autoridad a la que han acudido, pues los oficios en los que exigen atención a esta situación los han llevado ante funcionarios de diferentes instancias como las secretarías del Medio Ambiente federal (Semarnat), Gobernación (Segob) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
De ninguno de estos funcionarios, asegura, han obtenido respuesta.
“Queremos que el gobierno federal pusiera un poco más la vista para acá, no queremos que se nos regale, queremos que se nos pague una buena indemnización por persona, queremos una buena atención médica, pero en un hospital digno, no en lo que están haciendo”, exige, al señalar que uno de los centros médicos ofrecidos para atender a los pobladores afectados se edifica en una zona donde desembocan las aguas negras del municipio de Ures.
Si bien reconoce que se les entregaron apoyos, Fimbres afirma que muchos de éstos se repartieron entre gente cercana a funcionarios estatales o municipales, y que en algunos casos resultaron insuficientes para recuperar lo perdido a causa del derrame.
“El derrame afectó mucho la agricultura, mucho la ganadería, y todos los negocios callejeros”, indica.
Además, Fimbres denuncia que las autoridades les han mentido sobre la ausencia de contaminantes en el Río, pues análisis de investigadores de la Universidad de Sonora y de otras de Estados Unidos que menciona han encontrado que aún hay presencia de metales pesados en el afluente.
“El agua no sirve en una palabra”, enfatiza.
Caudales de apoyo de Grupo México.
La empresa Grupo México asegura que han hecho lo que está a su alcance para cuidar y proteger a las comunidades afectadas por el derrame de ácido, a través de acciones como un plan de recolección de materiales contaminantes, así como compensaciones a las personas que resultaron afectadas.
“Cuando Sonora y nuestras comunidades estuvieron en riesgo, apoyamos inmediata e incondicionalmente para garantizar todas las necesidades de la población. Compensamos a todos aquellos que pudieron ser susceptibles a las potenciales consecuencias derivadas de las medidas precautorias y la veda del agua”, asevera en un correo electrónico enviado a Expansión.
La empresa señala que si bien concluyeron los trabajos de limpieza, continúan las labores de monitoreo ambiental y sanitarias en el Río, y destaca que los resultados rebasan los contaminantes vertidos en el incidente de 2014.
“Mediante la limpieza inicial y la posterior remediación, se logró recoger una mayor cantidad de metales que la contenida en el derrame, lo cual se explica por la geología de la zona caracterizada por formaciones geológicas altamente mineralizadas”, explica la postura institucional de Grupo México.
De acuerdo con el informe más reciente, con fecha de corte al 6 de agosto de 2015, a la región afectada se han destinado 1,204 millones de pesos, en acciones como atención médica a 10,875 personas: visitas domiciliarias a 4,325 familias, la realización de 1,373 consultas médicas y atención especializada a 360 personas con síntomas derivados de la contaminación del cauce. Asimismo, señala la entrega de 36,752 apoyos directos e individuales como resancirmiento de daños a la salud, actividades agropecuarias y comerciales y a las familias que padecieron por el abasto de agua durante la contingencia.
También se reporta la rehabilitación y apertura de 41 pozos a lo largo del Río Sonora.
Estos trabajos, resalta el reporte del Fideicomiso, representa una derrama económica de 7.6 veces el Producto Interno Bruto (PIB) anual de la región del Río Sonora.
La fase de contingencia decretada tras el derrame tóxico se dio por terminada el 4 de noviembre de 2014, señala el reporte.
Fuente: CNN Expansión. (Por Rosalia Lara Salas / Bianca Carretto)
