Alejandro Rubín de Celis
Los flamantes diputados de tres comisiones legislativas mantienen en vilo la posibilidad de aprobar una reforma constitucional para dar autonomía a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, mejor conocida como Fiscalía Anticorrupción (FA).
Han pasado al menos 10 meses desde que en octubre pasado la diputada María Isabel González Tovar presentó la primera iniciativa en este sentido, que fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Vigilancia. Luego, en diciembre, el diputado Rolando Hervert presentó la suya que fue turnada a las mismas comisiones.
Cuando el 31 de enero, Jorge Alejandro Vera Noyola renunció a la FA, de inmediato el presidente de la Junta de Coordinación Política e integrante de la Comisión de Justicia, Rolando Hervert, se apresuró a tomar la batuta y promover con vehemencia la aprobación de la reforma constitucional a los artículos 122 bis, 122 ter y adiciones al 122 quater, para dotar de autonomía técnica, financiera y de gestión a esa fiscalía. Pero sin dar una explicación alguna, Hervert guardó silencio sobre el tema en los siguientes seis meses hasta que lo retomó el día de ayer.
De acuerdo con un comunicado de prensa del Congreso del Estado, hasta el 4 de junio los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales “iniciaron el análisis de las dos iniciativas…”. El 10 de agosto las aprobaron esa comisión y la de Justicia, y tres días después lo hizo la de Vigilancia.
Resulta casi inverosímil que, al menos desde la renuncia de Vera Noyola, no hayan retomado de inmediato y dado celeridad a la revisión de las iniciativas para que se aprobara la reforma Constitucional a la brevedad, ante la posibilidad de que el Ejecutivo pudiera mandar en cualquier momento la terna para sustituirlo y, en cambio, ahora los diputados se disponen a aprobar la terna enviada el 12 de julio pasado por el gobernador, el próximo 27 de agosto, en la que cualquiera que resulte electo será un fiscal a modo del mandatario, aunque se sabe que el favorito es Felipe Aurelio Torres Zúñiga.
Además de la colosal irresponsabilidad de los legisladores de las tres comisiones mencionadas de dejar pasar tanto tiempo para analizarlas y en su caso aprobarlas, ahora el diputado Rolando Hervert, con enorme cinismo, sale a pedir a sus compañeros legisladores que rechacen la terna del gobernador para dar tiempo a que primero se apruebe la reforma constitucional.
Independientemente de que ni otorgando autonomía a la Fiscalía Anticorrupción hay garantía de independencia del nuevo titular que se elija, con esta u otra terna, al menos en lo que concluye la gestión de Juan Manuel Carreras ─ y la prueba está en que nombró como su primer fiscal carnal, supuestamente autónomo, a Federico Garza Herrera que se ha dedicado a frenar las denuncias contra varios delincuentes de cuello blanco, entre ellos el ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez y varios diputados y ex diputados─, La posibilidad de aprobar la autonomía antes de someter a votación las propuestas del gobernador, es bastante limitada.
¿Qué pasaría si enseguida de que se rechazara la tercera terna ─la segunda fue con la que se escogió a Jorge Vera─, el gobernador enviara una nueva en el lapso de una semana, por ejemplo? A partir de su recepción, el Congreso tendría un mes para aprobarla o rechazarla; si la vuele a rechazar, en automático el mandatario puede designar fiscal a cualquiera de los que componen la cuarta terna.
En el lapso de ese mes, el pleno tendría que aprobar la modificación constitucional con el voto de las dos terceras partes de los diputados y posterior a ello buscar la aprobación de las dos terceras partes de los ayuntamientos, es decir de 30. Y el diputado Hervert está confiado en que las cosas se puedan dar después de su enorme irresponsabilidad de no haber impulsado a tiempo la reforma: “… necesitamos 30 (ayuntamientos para la aprobación) por lo que entiendo para que se dé esta modificación, y lo podemos hacer; con menos tiempo ya se ha hecho (…) si ya estuvo seis meses acéfala esta fiscalía pues que se esté dos meses más, no pasa nada, tenemos esa facultad para poderlo postergar y no ser títeres de nadie”. Y bueno, lo de ser títeres o no por parte de algunos legisladores es muy discutible; de entrada, los del PRI acatarán las órdenes de su jefe y, en una de esas, varios de otros partidos también se plegarán a alguna de las propuestas del mandatario.
Además de mantener la presión para que la tercer terna, o en su caso la cuarta propuesta por el Ejecutivo sea aprobada por el Congreso, el gobernador podría enviar a sus operadores para presionar ─ ¿o sobornar?─ a una parte de los ayuntamientos a fin de que rechacen la reforma constitucional.
Pero seguramente no será necesario. Aún cuando se aprobara esa reforma, el elegido será un incondicional de él que le cuidará las espaldas de aquí a que termine su mandato. Si bien les va a los potosinos, el elegido o elegida se apegará a sus responsabilidades legales a partir de la próxima administración estatal, pues todavía le tocarán seis años del siguiente gobierno.
Por eso, en el fondo, Carreras no está preocupado por lo que haga el Congreso, pues con o sin fiscalía autónoma él impondrá a su nuevo fiscal carnal.
¿Ley antichatarra en San Luis Potosí?
Por el bien de niños y adolescentes de San Luis Potosí, el Congreso del Estado debe seguir los pasos de su par en Oaxaca y aprobar reformas legales que prohíban la venta de comida chatarra y de bebidas con alto contenido de azúcar. El problema de obesidad y sobrepeso de menores de edad en el estado es preocupante y viene creciendo con el paso de los años, mientras que la industria de comida ultra procesada y de bebidas azucaradas bombardea con publicidad en todo tipo de medios y ha invadido cualquier cantidad de negocios y espacios públicos ─hasta con máquinas de monedas─ sin que las autoridades sanitarias puedan poner freno a esta situación.
De acuerdo con datos proporcionados por los Servicios de Salud en el Estado, la prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años en San Luis Potosí pasó de 7.3% en 2012 a 8.8% en 2018, mientras que en infantes de 5 a 11 años subió de 12.9% a 21.1% en el mismo lapso, y en cuanto a obesidad creció de 14.2% a 17.5%
Los agoreros del fracaso de una ley antichatarra ya vislumbran mercado negro en la compra venta de estos productos y a mayores de 18 años vendiendo sus servicios a menores de edad para que adquieran frituras o refrescos, pero una reforma legal como la que se plantea debe ser el principio de una serie de acciones para combatir lo que se ha convertido en una cultura de consumo de productos dañinos que causan a la larga graves problemas de salud pública como diabetes e hipertensión.
Con una buena ley, una amplia y permanente campaña de difusión sobre alimentación sana, la colaboración de los padres de familia para evitar los malos hábitos alimenticios desde edades tempranas y el nuevo etiquetado que entrará en vigor en octubre y que alerta de productos con alto contenido de calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas ─si los menores no saben qué son o como les afectan, los padres o tutores deben explicarles─, es posible modificar con el tiempo, como parte de un proceso de cambio de fondo, esa cultura de consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas.
Por supuesto que la industria de la chatarra presionará al Congreso local como lo hizo con el de Oaxaca para evitar a toda costa su aprobación ─ahora ya son ocho los estados que anuncian una ley antichatarra─, pero es una buena oportunidad para que los diputados antepongan el interés social, en este caso el de niños y adolescentes, al de las ganancias de una industria que tanto daño hace a la salud de todos.
