Por: Eduardo Delgado.
Hoy se cumplen dos meses del deceso de Diego González Ruiz, de 12 años de edad, quien falleció ahogado en el complejo acuático “Woow”, a donde acudió como parte de los integrantes del campamento infantil organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), cuya institución no ha presentado a la fecha la póliza de seguro de vida de los infantes ante el Ministerio Público, que sigue también en espera del video del balneario y le falta recabar la ratificación de las declaraciones del personal del parque y de instructores universitarios, porque las normas no imponen plazos para exigir la aportación de evidencias ni para reafirmar testimonios, deploró la mamá del menor, Socorro Ruiz Medellín.
El 17 de julio Diego fue succionado por el extractor de agua de una alberca a la que se deslizó a través de un tobogán, del parque acuático localizado a unos 40 kilómetros de la ciudad, en la comunidad de Jesús María, perteneciente al municipio de Villa de Reyes. Los instructores y personal del complejo se percataron hasta que les avisó otro niño.
La madre del menor estimó que hace unas dos semanas o más, el Ministerio Público le solicitó a la UASLP presentar la póliza del seguro de vida de los niños inscritos en el campamento, la que a su parecer confirma su sospecha de que “no la hay”.
En los próximos días, dijo, el representante social les requerirá a las autoridades universitarias una respuesta por escrito acerca de la póliza, para anexarla a la averiguación, lo que en su momento deberá valorar un juez.
Expuso que los directivos del complejo acuático tampoco han aportado el video que tienen de aquel día y el cual también debe ser puesto a consideración del juez, añadió.
“La finalidad es aportarle todas las evidencias”, precisó y así evitar que la averiguación sea desechada.
El problema, expuso, es que las normas de procedimientos penales no establecen plazos para obligar a los involucrados a presentar documentos ni otras evidencias, en este caso póliza y videos.
En ese tenor, juzgó, el caso “va lento”, porque además los instructores universitarios se reservaron el derecho a declarar por escrito y todo eso se lleva tiempo, y por si fuese poco tampoco es posible obligarlos a declarar en un plazo determinado.
Sostuvo que a ella le interesa anexar todas las evidencias para evitar deficiencias en la averiguación previa y por ende no considera que el procedimiento se lleve a cabo con deficiencias, atribuibles a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Ruiz Medellín dijo que parte de su familia ha colaborado con la presentación de un importante grupo de niños, que han acudido a declarar sobre lo acontecido precisamente hace dos meses.
En esa tesitura, subrayó, ha tenido que ser muy paciente, porque la inexistencia de plazos en las normas “ha trabado” la resolución del caso Diego.
