Eduardo Delgado
El Tribunal Electoral del Estado (TEE) admitió la demanda de José Mario de la Garza Marroquín, por la que controvierte la omisión del Congreso del Estado para dictaminar su iniciativa a fin de crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de San Luis Potosí.
Este lunes, en estrados electrónicos del TEE, fue publicado el acuerdo por el que la magistrada presidenta, Dennise Adriana Porras Guerrero, aceptó el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, registrado el pasado 10 de marzo con la clave TESLP/JDC/09/2022.
La iniciativa fue presentada el 8 de octubre de 2020 y la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que deberán dictaminarse, por las comisiones aprobándolas en sus términos, con modificaciones o en su caso, desechándolas, en un término máximo de seis meses.
“Si la complejidad de la misma lo requiere, la comisión citada en primer término podrá solicitar hasta dos prórrogas de tres meses cada una a la Directiva”, se añadió en el segundo párrafo del artículo 92 del citado ordenamiento.
La iniciativa fue presentada en octubre de 2020 y el plazo de seis meses culminó en abril de 2021, durante el ejercicio legal de la anterior legislatura. En octubre de ese año, ya durante la actual, concluyó la segunda prórroga.
Para crear el padrón, Mario de la Garza propuso adicionar al artículo 93 párrafo último y adicionar el título cuarto el capítulo IX “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, a la Ley del Registro Civil del Estado.
Con la finalidad “de contar con un mecanismo efectivo y coadyuvante que incentive a los deudores alimentarios al puntual cumplimiento de su obligación de dar alimentos a sus acreedores alimentarios, los cuales necesitan ese medio de subsistencia para vivir”.
Es decir, los padres de familia que luego de separados de su pareja, incumplen con su obligación de aportar dinero para la manutención de sus hijos.
El TEE emplazó al Congreso para que en 48 horas, contadas a partir de la notificación del acuerdo, le remita copia certificada del oficio CJ-LXIII-I-18/2022, del pasado 16 de marzo, en el que la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Congreso reportó el estado que guarda la iniciativa.
Toda vez que existen diligencias pendientes por desahogar, la magistrada presidenta reservó el cierre de la instrucción y recabadas todas las pruebas, ella deberá proponer al pleno del tribunal un proyecto de resolución sobre el caso.
