María Estela Ambriz Delgado
Ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar la Ley Minera, con la cual –afirma– ya no será posible que se lleven a cabo proyectos devastadores como el de la Minera San Xavier en el municipio de Cerro de San Pedro, el profesor investigador del Colegio de San Luis, el doctor David Madrigal González, consideró que hay buenas intenciones de empezar a cambiar las cosas, pero no se va a poder llevar a la práctica.
El catedrático, quien ha realizado diversos estudios en relación a los conflictos socio ambientales en poblaciones mineras, señaló que es importante considerar algunos elementos básicos para entender a fondo la propuesta, como el hecho de que tiene que pasar por muchos procesos, en los cuales existe una participación muy importante de gente contratada por las empresas, con el fin de negociar las modificaciones a las leyes previo a las votaciones, así como en los intersticios entre la aprobación en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.
“Eso significa que las empresas van a velar por sus intereses y tratar de negociar todo lo que se pueda a su favor, y por tanto el Gobierno también tratará de negociar lo que sea posible”.
Madrigal González enfatizó en que en estos acuerdos es en donde la sociedad carece de instrumentos para que la misma población afectada participe en dichas negociaciones, y ese es uno de los aspectos donde mayormente la propuesta adolece.
Asimismo, consideró que de manera muy mediática sólo se han señalado aspectos como la reducción de los tiempos de duración y prórroga de las concesiones, así como el cumplimiento de nuevas condicionantes, pero si se revisa a fondo el asunto de la participación de la sociedad, así como la remediación, entre otras cuestiones, aún hay mucho qué hacer.
“No se puede cantar victoria ni hacer algarabía, porque hay una buena intención de empezar a cambiar las cosas, pero sabemos que estos asuntos pasan por muchos intereses, y la verdad es que esta propuesta modifica algunas cuestiones en términos más bien generales, o de condiciones que tienen la intención de empezar a cambiar las cosas, pero que en la práctica, y en la vida cotidiana realmente no van a poder cambiar mucho”, expresó el investigador.
El doctor David Madrigal puntualizó en que si la Ley Minera obliga a las empresas a que desde que gestionan la concesión contemplen los costos económicos de sus impactos socio ambientales los proyectos serían incosteables. En este sentido puso como ejemplo el caso de Cerro de San Pedro y cuestionó: ¿cuál hubiera sido el costo de destruir una montaña?
“Eso se dejó fuera de los costos y hubiera sido un argumento poderoso para que Horacio Sanchez Unzueta no lo hubiera autorizado”.
Finalmente, señaló que el Gobierno Federal destaca de la propuesta la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sin embargo, en la actualidad tenemos muchas más poblaciones que están involucradas y afectadas por estas situaciones y no están incluidas ahí. Explicó que diversos fenómenos como las múltiples violencias que se han producido, crean también nuevos actores que están por fuera de ese “encapsular” a la sociedad en indígenas y no indígenas, y que deben ser tomados en cuenta.
