Por Victoriano Martínez
“Debemos de cuidar que esas manifestaciones no afecten a terceros y ahí ya entra el tema de ataques a las vías de comunicación, y puede haber sanciones y repercusiones legales para las personas”, advirtió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tras las manifestaciones de burócratas del jueves y viernes pasados.
No es la primera vez que el mandatario recurre a la amenaza contra quien ejerce su derecho a la manifestación y, coincidentemente, suele ocurrir tal reacción cuando quienes protestan son los trabajadores del propio gobierno del Estado, en esta ocasión del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE).
El 11 de noviembre de 2021, el mandatario instaló el Consejo Ciudadano para la Seguridad, integrado por representantes empresariales “que va a tomar decisiones importantes como es liberación de calles, de tomas, de protestas, todo lo que conlleve el bienestar de más de tres millones de potosinos, este Consejo es quien lo va a validar pero, sobre todo, quien va a decidir”, dijo.
Once días después se dio el retiro de un plantón que mantenía frente a la Casa de la Cultura el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), presuntamente por una denuncia ciudadana que derivó en una orden de un juez para el desalojo. Tal orden nunca le fue mostrada a los burócratas en plantón.
“Se acabaron los plantones”, celebró el mandatario aquella acción que se entendió validada por el sector empresarial, quienes como integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad, no tuvieron ningún empacho en que se pusiera en marcha la “operación garrote empresarial”.
Una operación que apenas dos días antes había mostrado su actitud represora al encapsular a manifestantes del SUTSGE para impedir que pudieran deslucir el desfile conmemorativo de la Revolución de ese 2021, en el que Gallardo Cardona se estrenó como gobernador-charro.
José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, declaró entonces que se podría aplicar la misma dinámica para desalojar los plantones del SUTSGE y del SITTGE que en ese momento se encontraban en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno.
Ambos plantones fueron desalojados en los días previos a la realización de la Procesión del Silencio de 2022 sin que se supiera si “la misma dinámica” consistió en algún encapsulamiento vía negociaciones, pues el retiro de las carpas y mobiliario de ambos sindicatos se dio por la madrugada.
El caso es que la “liberación de calles, de tomas, de protestas”, para lo que Gallardo Cardona visualizó al Consejo Ciudadano para la Seguridad ha coincidido en ser aplicado en manifestaciones de burócratas. La madrugada del 7 de abril de este año volvieron a repetir la operación.
En esta ocasión retiraron de manera violenta a sindicalizados del SITTGE, sin importar que entre los manifestantes se encontraban personas con discapacidad y niños. La justificación fue la misma: fue en cumplimiento de una orden judicial para “garantizar el libre acceso peatonal a la Procesión del Silencio”.
Una operación garrote que no es más que recurrir a la salida fácil de atacar el efecto para ocultar la causa.
La protesta sería injustificada si Gallardo Cardona cumpliera con la obligación de garantizar el servicio médico que le reclaman los burócratas, tanto por obligación legal con el IMSS como por el compromiso contractual con el servicio privado.
Tampoco tendrían que protestar si Gallardo Cardona cubriera el pago pendiente de la liquidación por jubilación y estímulo por años de servicio a los trabajadores del gobierno del Estado que obligó a jubilarse.
No habría razón para que protestaran si Gallardo Cardona cumpliera con los incrementos salariales que adeuda por los años 2022 y 2023 al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a organismos públicos descentralizados, a la Fiscalía General del Estado y al Instituto de Fiscalización Superior.
Peor aún, no protestarían si Gallardo Cardona cubriera el adeudo con la Dirección de Pensiones por 2 mil 514 millones 871 mil 853.03 pesos, sólo del sector burócrata, que tienen su origen en los descuentos a la nómina de los trabajadores. En sentido estricto, les roba parte de su salario.
Hay más motivos para sanciones y repercusiones legales en contra del gobernador que en contra de los trabajadores, quienes lo único que hacen es ejercer su derecho constitucional de manifestación.
