Alejandro Rubín de Celis
Cuestionada desde sus inicios ante la sospecha de convertirse en un órgano más para perfeccionar las redes de corrupción en el Congreso del Estado, la Unidad de Evaluación y Control (UEC), dependiente de la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo, es objeto de un nuevo embate con la propuesta presentada para dejar en manos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el nombramiento de un nuevo titular de ese organismo.
El primer signo de que la UEC serviría a los intereses del poder público fue el nombramiento de su primer titular, Héctor Mayorga Delgado, famoso por su capacidad para limpiar cuentas públicas, en especial la del ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga. Fue electo en las postrimerías de la pasada legislatura, esa que se hizo famosa por el caso de la Ecuación Corrupta, impune hasta nuestros días.
Pero Héctor Mayorga renunció a la UEC el 28 de marzo del año pasado aduciendo que no le dejaban contratar personal. Pese a la intentona de algunos diputados de la Jucopo por imponer a su relevo, siete semanas después y con la observación de colegios y organismos relacionados con la contabilidad y la fiscalización de recursos, el pleno del Congreso eligió por mayoría a Jorge Ovidio Robledo Gómez, el 16 de mayo.
Quedaba pendiente el nombramiento de cinco directores de ese cuerpo de vigilancia. La rebatinga entre diputados por colocar a su gente en esos puestos y luego pretender imponerles personal de apoyo, se llevó prácticamente cinco meses ─de junio a octubre de 2019─, lo que impidió que la UEC fiscalizara y verificara el cumplimiento de la ley por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la revisión de las Cuentas Públicas 2018.
Completa la estructura de la UEC únicamente con el titular y los cinco directores, y al ver que no podrían colocar a más gente ─legisladores quisieron imponer al menos a otros 10 como apoyo, pero algunos de sus compañeros se los impidieron─, la mayoría de los diputados abandonó a su suerte al equipo de trabajo de ese organismo que por meses no tuvo ni un lugar digno para realizar sus labores.
Prácticamente a un año de la elección de Jorge Ovidio Robledo, ahora, integrantes de la Comisión de Vigilancia, encabezados por su presidente, José Antonio Zapata Meraz, proponen que sea la Junta de Coordinación Política la que elija al titular de la Unidad, sin que sea votado y ratificado por el pleno.
Dejar la Unidad de Evaluación y Control en manos de la Jucopo, un ente legislativo que se ha destacado por su opacidad y sus acuerdos para obtener beneficios particulares (recuérdese el caso de Eugenio Govea y el aumento de sueldo a los asesores de los diputados para compensar su reducción salarial), es como dejar solo al lobo frente a un rebaño de ovejas.
¿Cuál es el motivo para que apenas pasado un año se quieran hacer cambios en ese organismo y dejar a cargo de la Jucopo el nombramiento del nuevo titular? ¿Será porque Robledo Gómez no se prestó a realizar maniobras turbias que favorecieran los intereses de algunos diputados y necesitan a una persona más dócil y obediente? ¿O porque resulta atractivo manejar a discreción el presupuesto de esa entidad ─el 1 de octubre pasado la Comisión de Vigilancia autorizó una partida de 8.5 millones de pesos para la UEC, aunque se desconoce cuánto quedó presupuestado para este 2020? ¿O para colocar en la Unidad a un mayor número de sus incondicionales? ¿O todas a la vez?
La diputada Beatriz Benavente advirtió que, de aprobarse la propuesta, la UEC “se convertiría en una agencia de colocación (…) es evidente el interés que se tiene de la Comisión de Vigilancia para sacar este mamotreto que pretende y que se han empeñado al inicio de la legislatura. Se deja puesta la mesa para que se den contrataciones sin justificación”.
Por su parte, la diputada Sonia Mendoza asegura que la UEC “ha sido un elefante blanco, una Unidad que no ha funcionado y ha costado un recurso bastante importante, pero que no ha dado resultados, no tiene elementos ni herramientas para su función. Yo ya no le veo ni caso que exista un órgano de vigilancia que no tiene ni dientes”.
Desaparecer ahora la Unidad de Evaluación y Control después de todo lo que ha pasado y ante la necesidad real de que ese organismo vigile el cabal cumplimiento de la ley por parte de la ASE, no parece la mejor decisión. Si el problema es que Robledo Gómez no ha dado el ancho, es válido y justificable que se le remplace ─igual, mediante un proceso de vigilancia externa─, y si la UEC no tiene dientes pues que se los provean con una reforma legal, pero no hay razón para que el nombramiento de su titular pase a manos de la Jucopo y menos que no sea validado por el pleno. Eso solo empeoraría las cosas.
Pronto sabremos con quién están los diputados en este asunto; en otros, ya sabemos.
Y en otro tema de carácter municipal…
Xavier Nava Palacios, Gilberto Hernández Villafuerte y el resto de los alcaldes del estado deben tener bien claro que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que deja en los ayuntamientos la facultad de enajenar bienes o celebrar contratos de prestación de servicios municipales sin la aprobación del Congreso del Estado, no es una patente de corso para que impunemente hagan y deshagan a su antojo con el patrimonio público ni para que puedan hacer fácilmente acuerdos bajo la mesa.
Antes de la resolución de la SCJN habíamos tenido tres lamentables casos de excesos de la autoridad municipal: la intentona de Ricardo Gallardo Juárez de apropiarse de un predio con declaratoria de Área Natural Protegida en el Camino a la Presa ─El Cabildo que encabezaba ya había aprobado el cambio de uso de suelo─ que pudo haber conservado de haber sido reelecto. La enajenación irregular en la administración de Victoria Labastida de una veintena de bienes municipales, entre ellos un terreno de 200 hectáreas que remató en menos de la mitad de su valor comercial a favor de Scamapi, grupo constructor del fraccionamiento Monterra. Y la concesión aprobada en diciembre de 2008 por el Cabildo encabezado por Jorge Lozano Armengol a favor de Aguas del Poniente para que esa empresa prestara el servicio de agua en el poniente de la ciudad.
La resolución de la SCJN es positiva en términos de autonomía municipal pero también presenta riesgos. Aquí es donde entra nuevamente el Congreso del Estado para crear mecanismos legales que impidan actos de corrupción y daño al patrimonio municipal.
La fracción II del artículo 114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí faculta al Poder Legislativo para crear normas en “b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento”.
Sin embargo, una sola norma resulta insuficiente ante la astucia y artimañas de que se valen servidores públicos, sobre todo de alto nivel, para sacar provecho en este tipo de operaciones. Se tienen que crear más disposiciones legales en esta materia y esa es tarea que los legisladores deben empezar ya.
Sería de esperarse, además, que tanto la Comisión de Vigilancia del Congreso local como la Auditoría Superior del Estado cumplan con su responsabilidad de supervisión, control y fiscalización, para evitar que se repita un caso de abuso con el patrimonio municipal y con la celebración de contratos, aunque, a juzgar por experiencias pasadas, es difícil pensar que eso pueda suceder.
