Octavio César Mendoza
El poder público se alimenta del poder fáctico dominante. No existe ni ha existido Gobierno, Nación o Estado que no se alimente de las fuerzas que controlan y dominan a la sociedad, buenas o malas, por lo que no es algo extraordinario que las instituciones sean ocupadas por aquellos personajes que el poder fáctico dominante elige con la finalidad de proteger sus fines; y el mayor de los fines, es ejercer el poder y mantener el dominio sobre todos los cuerpos sociales que componen a un territorio, a través de la administración de los recursos públicos y el uso del monopolio de la violencia de las fuerzas armadas y las policías.
Desde la síntesis de culturas mesoamericanas y española, lo que hoy conocemos como México ha sido objeto de la ocupación de las instituciones civiles y militares gubernamentales por parte del poder fáctico dominante en turno: la Corona Española, los potentados independentistas, la iglesia católica, los libre-pensadores, los revolucionarios, la CIA, los sindicalistas, los tecnócratas neoliberales, los dueños de los medios de comunicación y los empresarios. Al perder el control de las instituciones durante el fin de cada era, arriba al poder público una nueva ola de gobernantes impulsada por diversas causas sociales.
Esa ola se vuelve homogénea en cuanto al repudio del pasado, mas no en un plano ideológico. Un ejemplo claro es el ya lejano triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, el cual permitió por inercia el reacomodo de fuerzas oscuras de ese mismo pasado al que repudió, al sumar al adversario a la causa del vencedor. Esto produce un efecto del oleaje histórico donde la fuerza que se retrae eleva a la fuerza que se superpone. Esto indica que, para tomar el poder, se necesita una causa, un adversario, recursos para la guerra, cohesión y empatía entre el opositor a un régimen y la sociedad, y un aliado del poder fáctico dominante.
Se quiera o no reconocer, el poder fáctico dominante, de tres lustros al tiempo presente, es el Crimen que está tan Organizado que ha logrado crear una ingeniería social tan firme como para sostener liderazgos regionales que negocian directamente el poder público, y para ello se involucran en los procesos electorales y se afianzan en el control de las instituciones; sin embargo, habría que ver hasta qué punto el CO es fuerza retráctil o fuerza que se superpone, y estudiar si se trata de una síntesis en proceso, lo cual sería altamente peligroso como lo fueron, en otras épocas, las síntesis resultantes de las luchas por el poder.
Toda democracia es moderna en su momento y, por lo tanto, inmanente; y en el camino por la democracia mexicana, resulta necesario analizar el contexto bajo una lupa libre de prejuicios y sesgos acusatorios, porque toda forma de gobierno tiene vicios resultantes de la humana carencia de virtudes o conocimientos. Casi ningún hombre arriba al poder siendo sabio, y sólo uno que otro se vuelve sabio al finalizar su dominio sobre las instituciones y los gobernados. En estos tiempos, el asalto a las instituciones tiene diferentes disfraces que son otras formas de operar del poder fáctico dominante, asaz Crimen Organizado.
La ingeniería social en tiempos de crisis parte de una especie de “Cabale” previa a la conspiración. A río revuelto, ganancia de delincuentes. Primero se crea una percepción de ingobernabilidad y ausencia del Estado de Derecho, acusando de ineficacia o inacción al Estado ante el embate de las fuerzas del mal; después se esgrimen argumentos de orden legaloide para respaldar una tesis que sustente la solución ante la necesidad creada: hay que armar a la sociedad, digamos; pero no a toda la sociedad, sino a aquellos que el liderazgo regional considera esenciales para conformarse como –otro “digamos”- Autodefensas. El término se puso de moda en México desde los tiempos de Calderón, y mantiene vigencia.
El ideario popular suele mantener dicha vigencia del término merced a la cultura mesiánica del salvador o antihéroe que, al mismo tiempo que combate a las fuerzas del mal, combate a las del bien (el Gobierno legitimado por la democracia, pero aparentemente incompetente) para establecer nuevos parámetros de orden social. Cuántas veces no hemos conocido casos de “levantamientos” de grupos armados ante el oprobio. Cito mantas, cartulinas y audios de video: “Nosotros no permitiremos el cobro de piso, el robo y el secuestro. Nosotros somos parte del pueblo.” Otros dicen que constituirán Autodefensas bajo una normatividad imaginaria y engañosa, bajo los mismos argumentos y con similares finalidades.
La eventual pérdida justificativa de la Gobernabilidad y el Estado de Derecho que ha legitimado la aparición de Autodefensas en regiones del país dentro de Michoacán o Guerrero, Oaxaca o Chiapas, entre otras entidades, y que fueron “racionalizadas” bajo conceptos de Usos y Costumbres, reformas al Artículo 2º Constitucional, y una serie de modificaciones al marco del acuerdo social, han generado sólo unos pocos momentos de paz en las poblaciones donde el Gobierno legítimo ha concedido el reconocimiento de ese estatus que aún no está desambiguado. Pasando el tiempo, vuelve a estallar la crisis.
Y no es que no exista una ciudadanía capaz de cohesionarse bajo el respeto a la Ley, sino que existe ese poder fáctico dominante que contamina a las instituciones y, por ende, a sus cuerpos encargados de ejercer el monopolio de la violencia. La legítima aspiración de una convivencia pacífica donde no exista daño a las personas, su patrimonio y sus libertades, no puede permitir que la autoridad se reparta a tres fuegos: por un lado, el del ejército y las policías; por otro, el de los grupos delincuenciales y, en su vórtice, las llamadas Autodefensas. El fracaso de dicha figura en otras partes del país ha llevado a repensar su viabilidad.
Por eso sostengo la postura personal de que para evitar que la Gobernabilidad y el Estado de Derecho se erosionen, las instituciones deben estar en manos de personas que no negocien la Ley ni con Dios ni con el Diablo, porque ambos personajes suelen cambiar de silla, y el único afectado sigue siendo el pueblo. Más bien se debe seguir conformando una Guardia Civil con más elementos mejor capacitados, y los Ayuntamientos deben tener la valentía de permitir la evaluación externa de sus cuerpos de seguridad para expulsar las células tumorales, y atender a un comando central que opere en coordinación de todos los cuerpos legalmente armados.
Para ello se requiere de mucho dinero y, aún más abundantemente, de voluntad política. Fortalecer los esquemas de trabajo de seguridad tiene mucho que ver con la inteligencia, pero también con el valor civil. Conceder a una parte de la sociedad la posibilidad de convertirse en Autodefensas es reconocer que se ha perdido Gobernabilidad y Estado de Derecho; y bajo ese supuesto, también queda la sospecha de que el Estado puede ser tan omiso como cómplice de quienes suelen estar detrás de estos grupos cuya moral puede ser razonable pero cuya carencia de ética se advierte por la necesidad de lucrar económicamente.
Es ridículo decir que (por ejemplo) para que los malos no cobren el derecho de piso, un particular lo haga a nombre de un grupo de personas llamadas Autodefensas. En dado caso, que se sumen a la Guardia Civil, a las Policías Municipales, al Ejército, que contribuyan fortaleciendo una cultura de denuncia, que sean aliados de la Ley y las instituciones, que cuiden sus comunidades, sus bienes y sus recursos acudiendo a las instancias legales para exigir la protección de sus sistemas productivos y la riqueza resultante. Sólo de esa manera el poder fáctico del CO se comenzará a convertir en una fuerza retráctil.
Ignoro en cuánto tiempo comenzará a descender gradualmente la impunidad creada por la criminalidad. De lo que sí estoy seguro es de que permitir a la sociedad el derecho a armarse es algo que está dentro del marco constitucional. Todos tenemos derecho a adquirir un arma en la SEDENA, acreditando nuestra personalidad jurídica. No se necesitan liderazgos que pretendan representar a toda la sociedad por el hecho de que la mayoría no tiene posibilidad económica de adquirir un arma. Y tampoco estoy de acuerdo en que un Gobierno tenga miedo a actuar con toda firmeza ante quien amenace no sólo la paz, sino su propia supremacía.
Como dijo la porra del Lastras y el hijo de Xóchitl: que le pongan huevos. Y si Usted, amable lector, ha llegado hasta el final de esta exposición, es porque posee el agradecible hábito de la reflexión. Gracias por ello, y nos comunicamos la siguiente semana.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es poeta, escritor, comentarista y consultor político. Actualmente ocupa la Dirección General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Ha llevado la Dirección de Publicaciones y Literatura de la Secult-SLP en dos ocasiones, y fue asesor de Marcelo de los Santos Fraga de 1999 a 2014, en el Ayuntamiento y Gobierno del Estado de SLP, y en Casa de Moneda de México. Ganador de los Premios Nacional de la Juventud en Artes (1995), Manuel José Othón de Poesía (1998) y 20 de Noviembre de Narrativa (2010). Ha publicado los libros de poesía “Loba para principiantes”, “El oscuro linaje del milagro”, “Áreas de esparcimiento”, “Colibrí reversa”, “Materiales de guerra” y “Tu nombre en la hojarasca”.
