Por Victoriano Martínez
La Contraloría General del Estado ha retrasado por más de seis meses la resolución de una queja de habitantes de Noria de San José en contra de Julio César García Meléndez por hacerse pasar como actuario en el desalojo y destrucción de un restaurante en esa comunidad, cuando al mismo tiempo trabajaba para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Griselda Haro Dávila, una de las víctimas, informó que el pasado lunes 2 se reunieron con José de Jesús Moreno Romo, director de Normatividad de la Contraloría, quien –después de que hace seis meses se negó a aceptarles pruebas supervenientes porque ya habían cerrado la investigación– ahora les ofrece que el próximo lunes 9 dará a conocer la resolución.
En marzo pasado, cuando la contraloría dio por cerrada la investigación, informó a las víctimas que habían tenido dificultades para notificar a García Meléndez, dado que no lo localizaron en cinco domicilios que tenían de él, por lo que finalmente se le notificó vía edictos.
La intervención de García Meléndez, quien se suponía ocupaba un cargo público para la defensa de las víctimas, como presunto actuario que encabezó el desalojo y destrucción del restaurante en Noria de San José en junio de 2016, quedó descrita como parte de las investigaciones que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos para tres recomendaciones sobre el caso.
En la primera, la recomendación 10/2017, la CEDH se pronuncia en contra de la detención arbitraria de diversos habitantes de la comunidad Noria de San José.
La recomendación 07/2018 se refiere a la omisión de protección de personas en agravio de diversos habitantes de la comunidad Noria de San José, los días 14 y 23 de junio de 2016, así como dilación en la integración de las carpetas de investigación iniciadas con motivo de esos hechos.
En el caso de la recomendación 17/2018, la CEDH se refiere a la violación al derecho de acceso a la justicia por la dilación en la procuración de justicia, en perjuicio de los afectados en Noria de San José.
En las tres recomendaciones se reconoce como víctima a Haro Dávila, otros integrantes de su familia y varios habitantes más de Noria de San José.
Los afectados por la falta de resolución de la Contraloría General del Estado se pronunciaron por que la resolución se dé antes de que pudiera haber cambios en esa dependencia.
