Carlos Rubio
Este 12 de abril, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) debería recibir un depósito de 3 millones 450 mil pesos por la renta de su gran terreno ubicado en Lomas Cuarta Sección, de no percibirlo, la arrendataria, Distribuidora VEM, S.A. de C.V., incurrirá en un incumplimiento más que debería darle la estocada final al polémico contrato que ha puesto en duda la credibilidad de los altos mandos de la máxima casa de estudios.
La quinta cláusula del contrato es clara: el pago por concepto de renta comenzará a correr a partir del 12 de abril del año 2025… “debiendo realizar el pago de su primera anualidad para la fecha señalada, no pudiendo solicitar prorroga alguna a este término”.
Un día como hoy, pero de 2024, la UASLP firmó un contrato con el que por fin le daría uso a su terreno de 46 mil metros cuadrados, ubicado en Lomas Cuarta Sección, el cual durante años ha estado en el abandono, sin embargo, en tan sólo cinco meses, la revelación del verdadero proyecto que se planea llevar a cabo puso de cabeza a la institución, que fue severamente cuestionada por el posible contubernio de sus funcionarios en el irregular contrato, incluido el rector Alejandro Zermeño Guerra.
En el papel, el terreno fue arrendado exclusivamente para la construcción del “Centro Deportivo Santa Fe”, proyecto que comprendería “espacios deportivos, comerciales y de servicios de recreación”, conforme a “un diseño acordado mutuamente entre las partes”. Este complejo fue anunciado como un beneficio en pro de los estudiantes universitarios, quienes gozarían de accesos más económicos, además de que el dinero obtenido de la renta del espacio sería destinado a becas.
En la práctica, desde al menos noviembre, la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V. comenzó a vender locales para el “Distrito Santa Fe”, una plaza comercial que apenas destinaría el 9.3 por ciento de sus espacios para áreas deportivas, mientras que el restante sería para el comercio y estacionamientos.
Detrás de la empresa figura un apellido que 25 años atrás hacía un ligero eco en la política potosina dominada por el priismo: Espinosa Díaz de León. Los hermanos Ricardo y Fabián, el primero socio y el segundo representante de la compañía, consiguieron el negocio de sus vidas: pagar apenas 3 millones 450 mil pesos anuales durante 20 años, para desarrollar un complejo que derramaría una ganancia hasta seis veces mayor.
Al calce del contrato se visualiza otro nombre: Martín Joel González de Anda, el exabogado de la UASLP, quien salió de la institución el año pasado, tras la renovación de Alejandro Zermeño en la Rectoría, y su decisión de colocar en dicha posición a Urenda Navarro Sánchez.
Desde que en noviembre Astrolabio reveló el verdadero proyecto que los hermanos Espinosa Díaz de León pretenden realizar en el terreno universitario, la institución ha cambiado sus narrativas.
A los pocos días de la publicación, el rector aseguró que instruiría a las instancias correspondientes para que analizaran el contrato y una posible rescisión en caso de incumplimiento. Incluso dijo que, si las condiciones no se cumplen, no habría problema en revertir la situación.
Casi a la par, el 5 de diciembre de 2024, la abogada general, Urenda Navarro, declaró haber concluido la revisión del contrato y dijo haber encontrado motivos suficientes para rescindirlo.
“El contrato establece la obligación de realizar reuniones de seguimiento con la empresa, pero no hay constancia de que estas se hayan llevado a cabo (…) Esto, junto con el incumplimiento de los anexos técnicos, podría ser considerado como una causal para la rescisión del contrato”, comentó la abogada general a este medio.
Pero algo cambió para el 2025. Al cuestionar al rector sobre si ya se había decidido sobre la rescisión o continuación del contrato, Alejandro Zermeño comentó que tenía que estudiarse si se estaba cumpliendo o no, pese a que la abogada general ya se había pronunciado al respecto e incluso había informado que la revisión había terminado.
Para febrero de este año, Urenda Navarro informó que se estaba en diálogo con la empresa para ver “cuál es el cauce legal adecuado”.
Zermeño Guerra se cerró a los cuestionamientos en marzo, cuando afirmó que la UASLP esperaría a que venciera el “año de gracia” dado a la empresa, para revisar si se cumplió con el contrato, pronunciarse y, en su caso, comenzar las acciones legales necesarias.
Una ola de contradicciones de la institución que no se explican, toda vez que el contrato es público y a todas luces ha sido incumplido por la empresa.
El incumplimiento más evidente es que la empresa elaboró y promocionó un proyecto para realizar un centro comercial y no un centro deportivo.
Además, a la firma del contrato la UASLP debió recibir la cantidad de 287 mil 500 pesos por concepto de depósito en garantía, lo cual, a la fecha, no ha sucedido. Asimismo, se le debió entregar una fianza de cumplimiento por 10 millones de pesos, una vez que concluyeran las gestiones relativas a la licencia de uso de suelo, que de acuerdo con declaraciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, no existe ningún trámite relacionado en el Ayuntamiento.
El contrato también señala que, desde enero del presente año, durante el año de gracia que otorgó la UASLP, la empresa debió comenzar con la construcción de los estacionamientos y, para febrero, con las canchas deportivas, sin embargo, para el mes de abril, aún no existe ninguna obra en el terreno.
La empresa también debería tener ya listos los estudios preliminares, topográficos, de mecánica de suelos, un análisis urbano, el cálculo estructural, las tomas de agua, la factibilidad eléctrica y el proyecto general de todos los espacios previstos: estacionamientos, canchas deportivas, comercio y gimnasio.
El contrato parecía favorable para la UASLP, ya que estipula que, a su término, la posesión del terreno regresará a ella “junto con sus mejoras”, sin embargo, la perspectiva cambia si se toma en cuenta la modificación al proyecto y el pequeño pago que la institución recibiría, ya que es 30 veces menor de lo que podría cobrársele a un centro deportivo en Lomas.
El pasado 31 de marzo, la periodista Ana Dora reveló en Octopus México un conflicto de interés entre el secretario general de la Universidad, Federico Garza Herrera, y el apoderado legal de Distribuidora VEM, Fabián Espinosa.
De acuerdo con información de la periodista, Garza Herrera y Fabián Espinosa son familia desde el año 2017, ya que la hija del empresario, de nombre Olga, se casó con Diego, sobrino del secretario general.
Federico Garza ha acompañado todo el proceso de arrendamiento, siendo quien recibió la propuesta inicial de la empresa, a través de Fabián Espinosa Díaz de León.
Este sábado ha vencido el año de gracia que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí les otorgó a Ricardo y Fabián Espinosa Díaz de León para edificar un complejo deportivo, el cual jamás se dio a conocer ni al Consejo Directo Universitario, que aprobó el arrendamiento sin conocer el proyecto, ni a la sociedad, a quien se le vendió la idea de una institución transparente, que hasta este día a mantenido un silencio cómplice.
