Abelardo Medellín
Con un “plan amañado”, el Poder Ejecutivo estatal a cargo de Juan Manuel Carreras López y el Congreso del Estado buscan que los abogados no se pronuncien respecto a la próxima ratificación de magistrados, en un movimiento que es “violatorio de la constitución” y vulnera la justicia en San Luis Potosí, dijo en entrevista con Astrolabio el presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Postulantes, Especialistas En Oralidad A.C., Efraín Torres Salazar.
“Lo que pasó fue que el Congreso sacó su decreto donde llama a los abogados a emitir su opinión sobre las ratificaciones, pero les dice ‘sólo tienen cinco días para emitirla’, a ver, espérate, ese término ni siquiera está en la ley […] luego vamos a la Secretaría General y al Poder Judicial para que se nos entreguen los documentos con los que vamos a analizar el desempeño de los magistrados y el Poder Judicial dice: ‘conforme a la ley de transparencia, se te entregarán en 10 días’, oye, pero acá el Congreso sólo me dio cinco días, ¿cómo le hago?”, dijo Efraín Torres.
De acuerdo con el presidente de la Asociación De Abogados De San Luis Potosí, en cada proceso de ratificación de las magistraturas se les pide a las barras y asociaciones de abogados que emitan una postura al respecto de qué magistrados deben ser ratificados y cuáles no: “esto se hace con el ánimo de que el gremio que los conoce señalé a los abogados que están mejor preparados para ocupar el cargo y nosotros entregamos esta postura al Congreso, porque, como se sabe, no todos lo diputados son abogados y ellos requieren de una postura técnica sobre esto”, sin embargo en esta ocasión el Gobierno Estatal y el Congreso del local parecerían estar coludiéndose para proteger a algunos magistrados.
Otra situación señalada por Torres Salazar es que cuando solicitó a la Secretaría General la documentación para evaluar a los magistrados, esta se los negó con el argumento de que “eran 50 cajas, ¿cómo te entrego?”, y ya sólo tenían tres días para opinar.
“Los cinco días ya se vencieron el viernes 3 de julio”, comentó el presidente de la Asociación de Abogados, quien aseguró que, a pesar de estas trabas, su gremio presentó una evaluación de qué magistrado debe ratificarse y cuál no, a pesar de ello, dijo que “faltó más información fidedigna para señalar con pruebas quién debe ser ratificado”.
Efraín Torres puntualizó que “nosotros como postulantes sí conocemos a los magistrados, yo me pronuncié y metimos opinión, acompañada de pruebas, por ejemplo, el caso de Cué, quien tiene abierto un caso político y no puede ser ratificado […] la ley dice que si el magistrado ‘no es de confianza ni probo’, no debe ser ratificado y nosotros adjuntamos pruebas del desvío de fondo y abuso de poder”.
Según lo dicho por el abogado, la situación del plazo insuficiente que dio el Congreso del estado para emitir una opinión podría dar motivo a un amparo: “tiene varias violaciones a los derechos humanos el decreto; primero, en el documento no se especifica bajo qué parámetros el secretario valorará a los magistrados; segundo, ¿en qué ley dice que me darás cinco días?, se lo sacaron de la manga; tres, me vas a entregar los documentos cuando tú quieres, eso es violatorio y amañado”:
Efraín Torres remarcó que, a su consideración, ninguno de los 10 magistrados que se revisarán deben ser ratificados: “no es conveniente, no han dado resultados jurídicos de su trabajo ni han respondido a la sociedad, cuando hay una persona capaz y competente, pues, aunque me caigas gordo compadre, pero eres bueno”.
Hace unos días en una reunión celebrada en Rioverde por presidentes de asociaciones y colegios de abogados de la entidad potosina, la mayoría de los reunidos solicitaron que se ratificaran Olga Regina García López, presidente del Poder Judicial del Estado; el magistrado de la Primera Sala, Arturo Morales Silva, y el ex presidente del STJE Juan Paulo Almazán Cué, pero Torres Salazar pidió que se retirara a todos los magistrados de su cargo y elegir una nueva magistratura.
“De una forma o de la otra la decisión que haga la autoridad sobre qué magistrados se van o se quedan nos afectan a todos y el mal funcionamiento del Poder Judicial hasta ahora se debe justamente a que se eligen a los representantes por cuestiones políticas y no jurídicas”, concluyó.
