Victoriano Martínez
El Congreso del Estado ya tendría que haber iniciado juicios políticos en contra de las autoridades municipales que aprobaron un decreto administrativo para aplicar exenciones, descuentos y reducciones de impuestos y derechos que están expresamente prohibido otorgar sin que se haya modificado la Ley de Ingresos.
En un grupo de WhatsApp de abogados y distintos profesionistas relacionados con el sector inmobiliario, quienes pidieron no ser identificados porque consideraron que podrían ver obstaculizados trámites que realizan en el Ayuntamiento, se planteó la posibilidad de hacer algo en contra del alcalde Enrique Galindo Ceballos y sus funcionarios para cuidar la legalidad en el caso de las contribuciones.
De entrada, se consideró que tanto la Auditoría Superior del Estado (ASE) como la Contraloría Municipal deben observar de inmediato el cobro de impuestos y derechos municipales con descuentos o hasta exentándolos en algunas operaciones inmobiliarias y fincar responsabilidades.
Hubo quien lamentó que entre los 27 integrantes de la actual Legislatura no identifica a alguno de los diputados con capacidad para distinguir la gravedad del Acuerdo Administrativo por el que se autoriza el Otorgamiento de Estímulos Fiscales, para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado por Enrique Galindo Ceballos el pasado viernes en el Periódico Oficial del Estado (POE).
“No saben distinguir que en el convenio administrativo no son estímulos o incentivos fiscales, sino que se trata de exenciones, descuentos y reducciones de impuestos y derechos que están expresamente prohibido otorgar”, estimó.
Entre quienes comentaron el tema, hubo quien advirtió que el acuerdo administrativo poco beneficiará a los adquirientes de vivienda, porque en realidad abre la posibilidad para que los vendedores tangan un margen para incrementar el precio de las operaciones y consecuentemente sus utilidades.
“Si acaso cuando la compra venta sea directa entre las partes sin la intervención de un tercero. En este caso su escritura será más barata”, expuso otra persona a través de esa red social.
Para colmo el decreto administrativo apunta toda la responsabilidad al director de Ingresos de la tesorería municipal para llevar a cabo la ejecución del programa de estímulos fiscales.
“No sé quién sea pero debería salir corriendo y renunciar al cargo”, expresó uno de los participantes.
Hubo quien lamentó que en el Acuerdo Administrativo se colocara con mayor responsabilidad a Arturo Jaimes Núñez, por aparecer como el responsable de aplicar las ilegales medidas que se acordaron, lo que no exime de responsabilidad a los cuatro firmantes del documento, encabezados por Galindo Ceballos.
El Acuerdo Administrativo por el que se autoriza el Otorgamiento de Estímulos Fiscales, para el Ejercicio Fiscal 2022 fue publicado en el Periódico Oficial del Estaado el viernes 18 de febrero.
Además, se anunció el Acuerdo de Responsabilidad Compartida 2.0 con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en su calidad de representantes de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
