Angélica Campillo
Este lunes 25 de octubre, Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, y sus representantes legales se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, Ángel Gonzalo Santiago Hernández para presentarle una propuesta con relación a la ejecución de la recomendación 55/2015 qué emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hace seis años, y que hasta la fecha no se ha obtenido respuesta.
Yesenia Valdez, abogada de la Fundación para la Justicia y asesora jurídica de Esperanza Lucciotto explicó que le hicieron una propuesta al subsecretario que desde el gobierno anterior habían presentado, el cual quedaron de analizar y de llevar a cabo una nueva reunión en donde pudieran revisar y al mismo tiempo ver qué tanto avance pudiera tener la ejecución de esta recomendación que tiene que ver con la seguridad de la mamá de Karla; y con la reparación integral del daño por parte del gobierno del estado y la responsabilidad de éste.
Refirió que recientemente el Juzgado Primero de Dstrito resolvió que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), por haber un conflcito de interés que se determinó por parte de la propia fiscal que conoce el caso, “y nosotros acompañamos esa petición y estamos en espera de que tenga su curso la investigación”.
Apuntó que el caso de Karla es un tema emblemático que demuestra que los feminicidios en México lamentablemente han ido en aumento y difícilmente llegan a la verdad y muy difícilmente a la justicia.
En ese sentido, mencionó que el caso de Karla no solamente tiene que ser en beneficio de su madre y de su familia, sino de todas las familias que no han sido escuchadas por el gobierno de sus estados ni por el gobierno federal, “creemos que es una oportunidad para que la FGR, en manos de Alejandro Gertz Manero pueda de verdad hacer justicia, investigar y hacer cumplir a los responsables de estos feminicidios, no solamente el de Karla, sino de todos los feminicidios que existen lamentablemente en nuestro país. Lo único que se busca es hacer cumplir lo que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Por separado, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional México (AI) declaró que justamente por la omisión del cumplimiento por parte de la Fiscalía General del Estado, de la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por un lado obligaba a que se iniciara la investigación con perspectiva de género, que es lo que la FGE empezó a hacer en el sexenio pasado y, por otro lado que investigara a todos los servidores y servidoras públicas que cometieron omisiones en la investigación de la muerte violenta de Karla, lo cual no se empezó a trabajar cuando Federico Garza Herrera estuvo al frente de la institución, por lo que debido a ello es que ahora hay conflicto de interés puesto que José Luis Ruiz Contreras, vicefiscal jurídico y encargado de Despacho de la FGE, es hermano de Julián Ruiz Contreras, el primer juez que llevó el caso de la víctima y quien calificó el feminicidio como homicidio culposo, por lo que tuvieron que verse en la necesidad de recurrir a una instancia del nivel federal.
Dijo esperar que este sea el sexenio en que este caso se resuelva, haya justicia y que, además la señora Esperanza acceda a una reparación del daño y que abra paso para que todas las familias víctimas de feminicidio puedan acceder a esa misma reparación y justicia.
Manifestó que es importante resaltar que estas responsabilidades y compromiso no son de gobierno sino del estado de San Luis Potosí, y éste tiene una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y está en falta cumplirla.
Argumentó que el escenario ideal sería que las víctimas accedieran a justicia y reparación del daño en sus propias entidades federativas, pero es por las omisiones del estado que las víctimas deben acudir a instancias estatales, federales e internacionales, cuando debería de ser en San Luis Potosí.
Esperanza Lucciotto comentó que ha sido una lucha muy fuerte por la que han pasado a lo largo de nueve años, ante las autoridades que han hecho caso omiso, “a ojos cerrados y a oídos sordos”.
Añadió que estos son los funcionarios de la tercera administración gubernamental con la que se reúnen a exponer el caso, y en ese contexto pidió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que los escuche, que los vea, y que se haga sensible hacia el caso emblemático de Karla.
