Marcela Del Muro
Tras afirmar que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha brindado medidas de protección a su trabajadora, la policía de investigación Rosalinda Ávalos, pues se le percibe tranquila y con una actitud positiva ante las investigaciones, según la declaración de la fiscal general María Manuela García Cázares, hubo un movimiento inusual en las instalaciones del órgano de investigación.
Un trabajador del área de jurídico de la Dirección General de Métodos de Investigación buscó desesperadamente un oficio, que contenía las medidas de protección que se aplicaron después del ataque donde los hijos de Rosalinda, Daniela y Carlos, fueron asesinados y su hija mayor quedó herida, cometido en noviembre de 2020, presuntamente, por integrantes del Cartel de la Ministerial. Ese oficio con fecha de marzo de 2023 fue enviado para ser reactivado urgentemente por las autoridades, como medidas de protección para la policía y su hija.
“(…) el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, mediante el cual informa lo siguiente: Se les instruye a fin de que se abstengan en realizar cualquier acto de molestia y conductas de intimidación en contra de Rosalinda Ávalos Reyes y su hija… Así mismo deberán remitir de carácter urgente listado de personal a su cargo con firma de enterados”, se lee en el oficio operativo, donde se señala que al no cumplir con las supuestas medidas de protección “serán acreedores de sanciones administrativas y disciplinarias”.
Para Rosalinda, ese oficio la deja en indefensión y no sirve de nada, pues la FGE no está realizando una estrategia de protección adecuada. El oficio no cuenta con ninguna de las medidas de protección señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. “Manejan la abstención como medida para todos mis compañeros, como si toda la corporación fuera culpable. Y, aparte, las medidas son solo por 60 días”, comenta la policía de investigación y explica que “las medidas son diferentes, se necesita vigilancia en mi domicilio o que se tenga un canal de comunicación directo con alguna corporación”.
La policía Ávalos no está tranquila ni se siente con actitud positiva, como dice la fiscal; al contrario, está muy preocupada por el futuro del proceso y por la seguridad, sobre todo, de su hija. Se siente en peligro, precisamente por lo que ha sucedido durante la investigación y en el juicio.
El peligro de Rosalinda y su hija
El pánico y la ansiedad de Rosalinda aumentaron cuando el Juzgado Primero de Distrito concedió un amparo a uno de los nueve procesados por el ataque, que abre la posibilidad de que sea liberado. “Si dejan libre a uno, es el camino para que suelten a los demás. Y, si me matan, es culpa de ellos (el Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas) que permitieron que saliera”, denunció Rosalinda. Apenas hace una semana, el juzgado admitió su Recurso de Revisión, que estuvo parado durante un mes.
Aquí es importante detenernos a comprender el porqué del ataque y señalar a las personas que presuntamente estuvieron implicadas.
La comandanta Rosalinda fue asignada en el 2020 a la delegación de La Pila, donde el nivel de criminalidad había aumentado y sus habitantes estaban molestos por la falta de respuesta policiaca. Durante un rondín de rutina, la policía detuvo a unos compañeros de su misma corporación, la entonces Policía Ministerial, que conducían una camioneta con reporte de robo. Rosalinda avisó a sus superiores y continuó investigando, sin embargo, la dejaron sola; sus compañeros no tuvieron ninguna consecuencia en aquel momento, pero ella comenzó a recibir amenazas de muerte y de dañar a sus hijos si continuaba investigando.
El 11 de noviembre de 2020, una patrulla con los cuatro policías detenidos señaló la casa de la familia Ávalos, dos civiles entraron y balacearon a los hijos de la policía, Daniela y Carlos, de 18 y 20 años, quienes murieron en el momento.
Los policías del Cartel de la Ministerial no actuaron solos, estaban implicados con un grupo del crimen organizado que opera en La Pila. Hasta ahora, la carpeta de investigación señala a 13 personas implicadas; de los cuales sólo han sido detenidos nueve, cuatro de ellos policías ministeriales. Pero, no hemos hablado de los otros cinco civiles detenidos, los del grupo criminal, los asesinos materiales de los hijos de Rosalinda. Entre esos procesados se encuentran dos jefes de plaza de un cártel en ese tiempo.
La implicación de perfiles criminales tan violentos ha traído consecuencias graves para la vida de la familia de Rosalinda, pero también para otras personas que han sido parte del crimen. Dos policías que estuvieron involucrados fueron asesinados, supuestamente en hechos aislados, sin embargo, la policía Ávalos no cree que sus muertes sean ajenas al ataque. No obstante, el asesinato que más ha afectado la investigación y el juicio, es el de uno de los testigo presenciales, homicidio que también continúa impune.
La saña de la venganza, la violencia ejercida en el ataque y lo desgastante del proceso han afectado en mayor medida a la hija de Rosalinda, quien además de lidiar con el estrés postraumático, ha tenido que someterse a cirugías por una bala que no pudo ser retirada de su brazo y, ahora, también vive con la incertidumbre de que uno de sus atacantes pueda ser liberado y sin contar con medidas de protección.
La señora Rosalinda se cuestiona constantemente ¿por qué la Fiscalía y el Poder Judicial, tanto del Estado como de la Federación, no alcanzan a percibir el alto riesgo que corre su hija, ella y la población en general? Tampoco entiende que existan beneficios para los nueve procesados, comenta que los amparos y recursos de los imputados son resueltos favorablemente y con agilidad; mientras, los de ella son rebotados o esperan mucho tiempo para ser estudiados, haciendo aún más desgastante su proceso penal y su duelo.
Ella percibe que “solo se están procurado los derechos de los imputados porque está en juego su libertad. Pero ¿dónde quedan los derechos de las víctimas? Yo ya no tengo a mis hijos, me causaron un gran daño psicológico. Ellos siguen detenidos, pero tienen a sus familias completas, yo veo a sus hijos en las audiencias, apoyándolos, a pesar de lo que hicieron. Pero para nosotras ya nada es igual”.
