Carlos Rubio
Si hay un gobierno que se debe calificar como represor e intolerante, es el de Ricardo Gallardo Cardona.
La vinculación de proceso de seis personas que se manifestaron en la carretera 57 para pedir más apoyo del gobierno estatal en el incendio de Santa María del Río es la cúspide de una serie de abusos que se han cometido a lo largo de casi tres años, que incluyen el retiro de plantones en el Centro Histórico de la capital.
Si bien todo gobierno tiene disponible a la fuerza pública para utilizarla en momentos de crisis, su uso en situaciones menos delicadas refleja la escasa capacidad de diálogo y persuasión que maneja la administración estatal.
Sí se bloqueó la carretera con mayor tránsito del estado y del país, la misma que –casi– todos los días se bloquea durante horas por algún accidente o por el tráfico que se genera a la altura de La Pila y de Santa María del Río.
En el conflicto siempre será mejor el menor uso de la fuerza posible.
Las alternativas quizá eran escasas, pero aun así debían ser evaluadas, ¿cómo se desarticula un bloqueo de la carretera 57? Quizá sí, el camino pragmático y fácil es mediante policías y hasta granaderos. Pero entonces de qué sirve una Secretaría de Gobierno, con su subsecretaría y con sus subs consecuentes con supuestos especialistas en derechos humanos, si la orden se va a dar vía telefónica y simplemente va a ser detener a los manifestantes.
Si así va a ser, que entonces pongan a un militar a tomar esas decisiones.
El asunto es grave. El gobierno de Gallardo Cardona ha dejado un precedente que atenta en contra de la libertad de expresión y se vuelve aún peor si hablamos del reclamo de los detenidos: redoblar esfuerzos para apagar el incendio de Santa María del Río.
Mucho habla esta acción de un gobierno que supuestamente es “verde”, pero que tiene de ecologista lo que el gobernador tiene de astronauta.
Si hay algo que el Poder Ejecutivo ha despreciado en San Luis Potosí es al medio ambiente y los espacios como las sierras, que son fundamentales para la existencia de las ciudades.
La evidente forma en la que Gallardo Cardona ignora a la Sierra de San Miguelito, sólo evidencia el contubernio que tiene con los empresarios inmobiliarios, a quienes critica en la prensa y los tacha como la herencia maldita, pero que en silencio les termina de construir la Vía Alterna a la carretera 57.
El aviso sobre el uso de la fuerza pública en manifestaciones ya lo había hecho el gobernador casi desde el inicio de su gobierno, y esta es la primera vez que escala hasta la autoridad judicial y se inicia un proceso legal.
Llama poderosamente la atención, aunque no sorprende, el silencio de la supuesta oposición a la izquierda en San Luis Potosí, que continuamente critica el uso de la fuerza pública en las protestas que se realizan en la Ciudad de México, pero que aquí, en su casa, no dice ni pio de las verdaderas represiones que realiza el gobierno estatal.
Ya ni hablamos de la supervisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que parece ser un arma que se acciona al contentillo de alguien y para asuntos muy muy específicos.
Hasta el día de hoy ni si quiera un simple comunicado han enviado sobre los hechos ni han informado sobre acciones que hayan tomado a partir de la detención de los manifestantes y su vinculación a proceso.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
