Abelardo Medellín
Durante la jornada consultiva por la Revocación de Mandato presidencial que se celebró este domingo 10 de abril, Astrolabio Diario Digital documentó camiones que movilizaron votantes a un par de casillas en la colonia El Cactus de la capital potosina.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, esto está catalogado como un delito. Según su artículo 7, se impondrían de 50 a 100 días de multa y de seis meses a tres años de prisión a quien: “X. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto”.
En el lugar donde Astrolabio pudo documentar los camiones con mensajes como “Gallardistas apoyamos a AMLO” y “Nuestro Gobernador Apoyando”, también se encontró la presencia de grupos identificados como gallardistas que registraban a los votantes en listas y les tomaban fotografías para corroborar su participación, conducta que también significa un delito electoral según el numeral VIII del artículo séptimo que condena a quien:
“Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto”.
Durante la jornada que se desarrolló en la casilla 1304 en El Cactus, se pudo corroborar que las agrupaciones gallardistas incluían a los votantes en una lista bajo la promesa de incluirlos en un padrón de apoyos sociales.
Esta actividad también es un delito de acuerdo con la fracción VII del mismo artículo:
“Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, “el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley”, por lo que las investigaciones por estos actos ya deberían estar bajo el escrutinio de la autoridad.
