Por Victoriano Martínez
Mientras la ciudadanía actúa, documenta, colecta pruebas y realiza denuncias, la gallardía simula, oculta, ofrece pan y circo y, con base en presuntas acciones de beneficio público, se hace una ofensiva propaganda para encubrir sobreprecios en obras similares o de menor calidad que las de gobiernos anteriores.
Los Guardianes de la Sierra de San Miguelito realizarán mañana su tercera jornada de reforestación. En esta ocasión acudirán al Ejido Miguel Hidalgo, en Mexquitic de Carmona. Pero no es la única acción que han emprendido en favor del Área Natural Protegida.
A raíz de los grandes incendios que se registraron en la Sierra, el movimiento de los Guardianes ha crédito tanto por la necesidad de poner en práctica acciones de vigilancia para evitar nuevas conflagraciones, sino también para emprender actividades que contribuyan a la regeneración de la ANP.
También han comenzado a difundir información sobre lo que hay y representan la Sierra, así como cursos sobre actividades que se pueden desarrollar en la zona que contribuyan a su beneficio, como el que ofrecieron esta semana sobre “elaboración de inductor de resistencia a sequía”.
Lamentablemente no sólo han tenido que trabajar en acciones benéficas porque la acción depredadora contra la ANP no ha tenido como origen único la intención urbanizadora de los desarrolladores inmobiliarios, sino que a éstos se han unido autoridades que, aún en contra de determinaciones de autoridades federales, promueven obras con daños ambientales.
Tal es el caso de la construcción de la Vía Alterna a la Zona Industrial, cuya construcción ha provocado daños ecológicos a la ANP documentados por los Guardianes con la agravante de que no se cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por las autoridades federales, lo que constituye incluso delitos ambientales.
La ciudadanía actúa, documenta, colecta pruebas y realiza denuncias, mientras la autoridad se limita negar los hechos que han destruido especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059 y evaden hablar sobre la negativa de las instancias ambientales para autorizar la MIA.
La mayor expresión de la simulación del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona es, sin duda, la construcción de sus puentes atirantados que, al mismo tiempo, de acuerdo con la revelación de Juan José Rodríguez en su columna del periódico Pulso, presentan un sobre costo de más del 132 por ciento.
Pero no sólo realiza obras atirantadamente simuladas, sino que en cuestiones regulatorias incumple con las exigencias que debe imponer a fraccionadores.
De acuerdo con el juicio de amparo 61/2020, la Secretaría de Desarrollo Urbano, vivienda y Obras Públicas omitió verificar que Apelsa haya acompañado “la planeación y los proyectos necesarios de la separación del drenaje pluvial correspondiente a dicha empresa, a fin de establecer en la misma, redes separadas de alcantarillado y aguas pluviales que permitan su aprovechamiento”.
Otro caso en el que la ciudadanía documenta irregularidades desde sexenios anteriores, pero en los que el actual da continuidad a la actitud negligente que altera, menoscaba, trastorna y disminuye el medio ambiente sano, la salud y la seguridad personal de la población… y la autoridad tiene que ser amenazada con sanciones para conminarla a cumplir.
“Se apercibe al titular de la secretaría requerida que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente”, señala el acuerdo del Juzgado Primero de Distrito publicado este 1 de agosto.
Así las necesarias conminaciones a la autoridad, de las que seguramente vendrán más y ya no sólo de autoridades judiciales, sino también ambientales.
