Por Victoriano Martínez
En tiempos de acciones afirmativas, el actuar efectivo de quienes ocupan las distintas instancias públicas, incluidos organismos autónomos que deberían favorecerlas con mayor convicción, lo que más ha exhibido es el muy elevado nivel de hipocresía que anula la posibilidad de políticas públicas que compensen la discriminación y la desigualdad histórica que sufren ciertos grupos sociales.
Una hipocresía que no distingue grupos vulnerables. Lo mismo afecta a las víctimas (directas e indirectas) que a las personas con discapacidad. Una hipocresía presente en todo tipo de instituciones. Lo mismo la practica el Congreso del Estado y el Ayuntamiento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Una hipocresía que resulta más evidente en tanto el compromiso con las acciones afirmativas es mayor, al extremo incluso de contar con leyes como es el caso de la Ley de Consulta Indígena, que poco ha logrado para contrarrestar la discriminación y desigualdad de este grupo vulnerable, sino que expone aún más agresiva y ofensiva la vulneración de sus derechos.
Cuando el 8 de marzo de 2021, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución que consideró que “existe la posibilidad de cambiar al sistema de usos y costumbres para la elección de sus autoridades municipales” en los municipios de Tanlajás, Tancanhuitz y San Antonio era de esperar que para estas fechas ya sería un hecho.
Han pasado más de dos años y cinco meses de aquella sentencia, y ni el organismo garante de los valores de la democracia, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ni la máxima representación popular, el Congreso del Estado, fueron capaces de cumplirla.
Todo lo contrario. La obstruyeron al grado de trivializar la protesta de los representantes indígenas de esos tres municipios que llegaron a enfrentar expresiones de un consejero electoral que los reconvino con un “ya párenle a su escándalo”.
Como hace tres años, los representantes indígenas volvieron a recorrer el camino de los tribunales electorales, y el pasado 14 de agosto, el Tribunal Estatal Electoral resolvió que hasta después del proceso electoral se realice la consulta indígena para realizar los cambios legales para que esos municipios transiten del sistema de partidos al de usos y costumbres para elegir a sus autoridades.
A las omisiones del CEEPAC y del Congreso del Estado se sumó la omisión de considerar los términos de la sentencia de la Sala Monterrey por parte del TEE, lo que –a pocas semanas de que arranque el proceso electoral para el 2024– vuelve a cerrar la posibilidad de que los tres municipios con mayor porcentaje de población indígena puedan seleccionar a sus autoridades por usos y costumbres.
Un cuento de nunca acabar en perjuicio de esas comunidades indígenas y su derecho a autodeterminar su gobierno. No lo lograron para las elecciones de 2021, no lo volverán a lograr para el proceso electoral 2024.
Y se reanuda el bucle: pasadas las elecciones del próximo año se renovará la actitud omisa del CEEPAC, la del Congreso del Estado, la del Tribunal Estatal Electoral, la de… y pasará el tiempo suficiente para que los municipios indígenas de Tanlajás, Tancanhuits y San Antonio se vuelvan a quedar sin la posibilidad de elegir a sus autoridades por usos y costumbres.
En el ínter seguramente habrá algunas acciones de esas que simulan una auténtica acción afirmativa, por aquello de cumplir con las posturas políticamente correctas, pero activamente hipócritas, y simularán avances que –como en esta ocasión– se los comerá el tiempo.
