Estela Ambriz Delgado
Rafael Reyes Martínez, consejero indígena de la región tének del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) e integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, informó sobre diversas problemáticas que amenazan a las comunidades en la Huasteca potosina, como el despojo de su territorio y explotación de sus recursos naturales, por el acoso de inmobiliarias y grandes empresas hoteleras, así como megaproyectos de fracking, el trasvase Monterrey VI y la intensa sequía.
En su participación dentro del Tercer Foro Estatal del Agua, organizado por el Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el activista hizo mención de que esta región alberga por lo menos 20 municipios con población indígena, quienes tienen un papel fundamental como guardianes del bosque, pero tanto visitantes como los gobiernos federal y estatal, no contribuyen a dicha labor, pues los primeros no respetan y contaminan y las autoridades están facilitando la invasión del territorio por empresas hoteleras.
Asimismo, explicó que esto se relaciona con el proyecto de ampliación de la carretera nacional México-Laredo, con la que se piensa invadir a la Huasteca y despojar a los pueblos indígenas de sus territorios porque, aunque carecen de recursos económicos, son ricos en agua, vegetación, hidrocarburos, entre otros recursos no renovables que están en el subsuelo, por lo que las comunidades ya se organizan para defender su territorio.
“Este trabajo que está haciendo el Gobierno Federal no es de gratis, y nosotros como comunidades indígenas nos estamos preparando, nos estamos informando, nos estamos capacitando para defender nuestro territorio”.
De igual forma, Reyes Martínez comentó que la sequía que actualmente se padece en la Zona Huasteca es muy grave, pues solamente se tiene un precedente en el año 1976, pero no alcanzó los niveles actuales. Puso como ejemplo su comunidad La Garza, del municipio de Tancanhuitz, en donde no se había padecido este fenómeno y actualmente sus pozos tradicionales se están secando.
Al respecto dijo que el pueblo tének ya trabaja en generar conciencia, y se organizan para retomar sus conocimientos ancestrales, pues tienen fe en que el agua va a caer y cargará nuevamente sus arroyos y mantos acuíferos.
En este sentido, el consejero destacó que los pueblos indígenas y núcleos de población campesina son la esperanza de la ciudad, que actualmente padece una crisis de escasez y desigual distribución del agua, pues son quienes dan alimento y sustento a la ciudad, por lo que es necesario respaldar su lucha.
Además, hizo mención de que en la Zona Huasteca se protege los ríos Coy y Pujal, que se unen en el Pánuco, pues sigue vigente la amenaza del proyecto de trasvase Monterrey VI, que pretende llevarse agua hacia Nuevo León, así como también se mantiene la lucha contra la extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica o fracking, aunque durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido la promesa de no permitirlo.
A esto se suma la amenaza de la intromisión de inmobiliarias y empresas extranjeras del ramo hotelero, que pretenden instalarse despojándolos de sus territorios, para después tenerlos como empleados, cuando la población indígena es la propietaria de los recursos naturales en sus comunidades.
Por otra parte, el también defensor de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades, denunció que desde 2020 las etnias tének y náhuatl de los municipios de Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio, han exigido se les garantice su derecho al autogobierno, a fin de contar con acceso a presupuesto y poder administrar sus recursos para garantizar sus derechos humanos, al agua, la salud, la vivienda digna, y la educación, lo que nunca ha sucedido con los gobiernos elegidos por el sistema de partidos.
