Por Victoriano Martínez
Las jornadas de reforestación en el Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito son el ejemplo hoy visible de la forma en que el activismo ecológico ciudadano se abre cada día paso para conservar y preservar los servicios ambientales que la naturaleza le presta a la humanidad a pesar de que poca colaboración de las autoridades o hasta su abierta acción en contra.
Desde que el 10 de abril, a convocatoria de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito, representantes de diversas agrupaciones ciudadanas y colectivos se reunieron para organizar el apoyo al combate del incendio forestal en la Sierra, cada nueva reunión se han sumado objetivos para una especie de reconciliación con la naturaleza.
El pasado 30 de junio se realizó la primera jornada de reforestación en el Ejido El Mezquital en el municipio de Villa de Arriaga, con tal éxito que se plantaron dos mil árboles de especies nativas, por lo que de inmediato se programó la segunda jornada para este domingo 14 de julio, en el ejido Guadalupe Victoria y la Cruz en Mexquitic de Carmona
En esta ocasión se tiene el objetivo es de cinco mil plantas. No obstante, no sólo el número de árboles que se plantarán aumentó. En la reciente reunión preparatoria surgieron propuestas de los cada vez más participantes para acompañar las actividades de reforestación con otras relacionadas con ampliar el conocimiento sobre lo que representa la Sierra de San Miguelito.
Entre esas inquietudes, surgió la propuesta que Estela Ambriz Delgado rescata sobre la iniciativa de proteger el arbolado y la flora en el entorno urbano que ha surgido y tiene como antecedente el caso de una ciudadana que logró evitar la tala de un álamo de 35 años en el fraccionamiento Torres de México.
Gisela García, residente de ese fraccionamiento, fue quien protagonizó la defensa de ese álamo hasta lograr que le colocaran en lo más alto un letrero definitivo que indica que está protegido por la Ley de Protección y Conservación de Árboles Urbanos (LPCAU).
Un logro que se dio en contra de los intentos de la autoridad municipal por talar el álamo. Sí, la autoridad responsable de proteger a los árboles urbanos era la que estuvo a punto de eliminarlo, lo que es indicador de la forma en que son los propios funcionarios municipales quienes ignoran la protección legal existente del arbolado urbnano.
Tan es así, que a pesar de que esa LPCAU ordena a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, y la autoridad municipal correspondiente que formulen, impartan, y organicen con las instituciones especializadas, programas de capacitación para el correcto manejo y tratamiento del arbolado urbano, no se conoce ninguna acción en ese sentido.
Esas mismas autoridades tendrían que organizar “campañas para arborizar las áreas urbanas que carezcan de árboles suficientes para el adecuado equilibrio ecológico de las mismas, conforme a los estudios pertinentes”.
El ayuntamiento de San Luis Potosí puso en marcha el programa Pulmones Urbanos con la meta de plantar 140 mil árboles, que sólo argumenta que se funda en la Ley General de Cambio Climático, y en su presentación no existe una sola referencia a la LPCAU, ni a las medidas preventivas que ahí se establecen.
Por ejemplo, la LPCAU advierte sobre la problemática que se da cuando no se toma en consideración los hábitos de crecimiento de la especie a plantar, y las condiciones del sitio de plantación, con respecto al equipamiento urbano, infraestructura aérea, y subterránea.
Desde el 19 de noviembre de 2015 tendría que existir un Registro Estatal de los Prestadores de Servicios en Materia de Arbolado Urbano, publicado por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, pero no ha existido ni en la actualidad existe.
Una lectura de la LPCAU permite ver cómo es ignorada por las autoridades estatales y municipales que, en la medida en que avance la iniciativa en los grupos ciudadanos que han comenzado a trabajar en la Sierra de San Miguelito, sólo acumularán un caso más en el que la sociedad civil rebasa a una autoridad que actúa para hacerse propaganda y no para cumplir los objetivos de la Ley en beneficio de la comunidad.
El desinterés del gobierno estatal y el municipal en las cuestiones ambientales queda en evidencia por los 11 logotipos de los patrocinadores que aparecen en la convocatoria a las jornadas de reforestación de la Sierra de San Miguelito: cuatro de instancias federales y el resto de colectivos y empresas de la sociedad civil.
Para el caso del arbolado urbano, ya se verá si la ciudadanía tiene que emprender sus acciones ecológicas a pesar de la autoridad municipal, como ocurrió en el fraccionamiento Torres de México, o finalmente les cae el veinte de que tienen que trabajar de la mano con la sociedad civil.
