Leticia Vaca
Integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), Ciudadanos Observando y Cambio por San Luis, evidenciaron las irregularidades que habrían cometido integrantes de la LXI legislatura; de 27, 16 habrían simulado entregas de ayudas sociales con operaciones de empresas fantasma y la cancelación de facturas.
En rueda de prensa, indicaron que la Auditoría Superior del Estado (ASE) concluyó el pasado 18 de noviembre la revisión de las transacciones con proveedores del Congreso del Estado del periodo del 14 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017, en la que se confirmaron las irregularidades por desvíos de 11 millones 358 mil 436.77 pesos.
Los diputados involucrados en la entrega de supuestos apoyos y los montos desviados son: José Luis Romero Calzada, con 564 mil 843 pesos; Óscar Bautista Villegas, 453 mil 428 pesos; Dulcelina Sánchez, 377 mil 381 pesos; Mariano Niño Martínez, 259 mil 471 pesos; Sergio Desfassiux Cabello, 240 mil 659; Martha Orta Rodríguez, 224 mil 365 pesos; Esther Angélica Martínez, 167 mil 996 pesos; Graciela Gaitán Díaz, 156 mil 23 pesos; Josefina Salazar Báez, 105 mil 463 pesos; Gerardo Serrano Gaviño, 103 mil 239 pesos; Jorge Díaz Salinas, 99 mil 401 pesos; José Guadalupe Torres Sánchez, 88 mil 126 pesos; Xitlalic Sánchez Servín, 58 mil 41 pesos; Enrique Flores Flores, 54 mil 515 pesos; Ricardo García Melo, 38 mil pesos, y Rebeca Terán Guevara 37 mil 499 pesos.
En ese sentido, sentenciaron que los involucrados debieron ser sancionados y posiblemente inhabilitados para ocupar otro cargo, sin embargo “varios de esos personajes hoy ocupan cargos públicos e incluso mantienen aspiraciones a puestos de elección popular para 2021”.
Asimismo, acusaron que los retrasos en los trabajos de la ASE “evitan que personajes que abusan de la función pública ocupen nuevos cargos públicos para no dejar de medrar del erario y que, cuando abusen, reintegren lo robado”.
Además, pidieron al Congreso del Estado, a la Comisión de Vigilancia y a la ASE, que procedan conforme a lo que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas y se les inhabilite para evitar “que la impunidad de la que gozaba sus antecesores se prolongue, en el entendido de que de no hacerlo se volverán cómplices de las corruptelas ya confirmadas”.
