Fernanda Durán
Activistas, representantes de personas con discapacidad y académicos especializados en movilidad urbana, exigieron al Congreso del Estado el presupuesto necesario y el inicio a los trabajos para las diversas consultas que requerirá la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Catalina Torres Cuevas, representante de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, también solicitó que se considere el presupuesto para la consulta a pueblos y comunidades indígenas para la modificación de las leyes electorales.
Durante la reunión con las diputada Cinthia Segovia, Elena Ramírez y José Luis Fernández, los activistas adelantaron que cuentan con un proyecto de consulta, el cual sugiere que la primera fase de la consulta se elabore en el primer mes de los cuatro que se proponen que dure la consulta.
“Se sugiere que el proceso inicie en septiembre y se concluya en diciembre de 2023”.
La activista señaló que las consultas deben definirse antes de dictaminar las iniciativas, por lo que manifestó que existe la preocupación por la Ley de Movilidad para que se den los tiempos y la consulta se realice de forma correcta, al considerar las diversas invalidaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El diputado José Luis Fernández propuso la instalación de mesas de trabajo con los activistas junto asesores de la Comisión de Comunicaciones y Transportes para trabajar sobre la propuesta anunciada por Torres Cuevas.
Asimismo, aseguró que a pesar de que el presupuesto es limitado, “no van a escatimar en gastos”, pues particularmente en las consultas su problemática ha sido el tiempo con el que cuentan para realizarlas.
Sin embargo, la Comisión de Comunicaciones y Transportes advirtió que los tiempos están sujetos a la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado sobre un recurso de revisión interpuesto que interpuso el Congreso sobre la resolución al amparo promovido por la asociación Civil Cambio de Ruta por la omisión de armonizar la legislación local.
Actualmente la comisión tiene dos iniciativas de la Ley Movilidad y otra de armonización, de acuerdo con el asesor Hayro Leyva Romero; mientras que el cuerpo académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) presentará una iniciativa más en tema de movilidad.
En la reunión se destacó la necesidad de socializar el paradigma de la movilidad, pues el académico Miguel Ángel Hernández afirmó que actualmente es una causa de desigualdad ya que se prioriza a los vehículos, por tanto el tráfico vehicular y la contaminación son de las problemáticas más importantes a atender en las ciudades.
Agregó que el Gobierno y el Congreso del Estado deben trabajar en las mejoras de los servicios de transporte público para que este sea priorizado en la movilidad posicionándolo como un derecho humano.
Finalmente, los legisladores y activistas acordaron comenzar con las reuniones para llevar a cabo las mesas de trabajo, a partir de la próxima semana.
