Por Victoriano Martínez
La presunta participación de tres elementos policiacos en el secuestro de 12 migrantes de El Salvador prende alertas para conocer el grado de capacitación, de control y vigilancia de pruebas que tengan estas personas que atienden una actividad tan importante como es la de resguardar la seguridad de la población, dijo el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo.
El hecho de que el titular de la secretaría que encabeza el gabinete de seguridad ponga en duda la capacitación y el control de los policías resulta más motivo de alarma para toda la población si se toma en cuenta que se trata de la parte operativa del monopolio de la violencia legítima que ejerce el Estado, en un contexto en el que le compiten grupos del crimen organizado.
Si a partir de la probable participación de tres policías (dos hombres y una mujer) en un acto delictivo como el secuestro se pone en duda la efectividad de su capacitación y el control que se tiene sobre su desempeño, ¿sobre cuántas otras actuaciones, así sea con apariencia de legítimas, se puede confiar a plenitud?
Según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, realizada por el INEGI en colaboración con el INE, las policías son la institución con el mayor porcentaje de personas a las que no les inspiran nada de confianza con un 34.3 por ciento, en tanto que son las que tienen el menor porcentaje en el punto de inspirar mucha confianza con apenas un 4.1 por ciento de la población.
Al tratarse de la institución menos confiable, la alerta tendría que ir más allá de la posible participación de elementos policiacos en actos delictivos, sino también en la acreditación del uso legítimo de la fuerza, especialmente cuando en él intervienen armas de fuego que, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 00294721, su uso va en aumento.
La Fiscalía General del Estado reporta en esa respuesta que en 2018 sólo se registró un evento en el que los policías de investigación hicieron uso de armas de fuego. Para 2019 los casos aumentaron a tres, en tanto que durante 2020 fueron 14 los operativos en los que hicieron uso de sus armas.
De acuerdo con los datos proporcionados por la FGE, el año pasado, cuando más usaron sus armas de fuego los policías, provocaron la muerte de cinco civiles. En contraste, en 2018, cuando sólo en una ocasión usaron sus armas, del lado de los civiles no hubo muertos, sólo dos heridos… y cuatro policías muertos.
El hecho de que en 2020, cuando más recurrieron a las armas de fuego, cinco civiles hayan resultado abatidos y ningún policía, indica que los elementos de la corporación se volvieron menos vulnerables –lo que es bueno–, pero al mismo tiempo más peligrosos para los civiles –lo que no en todos los casos podría estar justificado.
Si el secretario de Gobierno pone en duda la capacitación y el control de los policías, y los cuerpos policiacos –de acuerdo con la encuesta INEGI-INE– carecen de confianza entre la ciudadanía, los efectos del uso de las armas –como ejemplo de muchos otros actos en los que estén involucrados los policías– deben formar parte de la alerta que dice el funcionario que se ha prendido.
