- Desalojan de la reunión a comuneros que se oponen “al robo de tierras que pretenden hacer”
- Acusan que la asamblea contraviene disposiciones de la Ley Agraria
Por Victoriano Martínez
Los comuneros de San Juan de Guadalupe acordaron aceptar que 11 mil 807 hectáreas de su territorio formen parte del Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito en tanto que mil 805 hectáreas sean excluidas, en una asamblea que fue calificada como ilegal por comuneros que se oponen a la urbanización de esa zona.
La convocatoria a la asamblea se conoció después de que el pasado 30 de junio se reveló el oficio DGCD/250/2021, firmado por César Sánchez Ibarra, director de Conservación para el Desarrollo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en el que se informa de la exclusión de mil 805 hectáreas del área que los estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideraron necesario proteger.
Al comenzar la reunión, un grupo de comuneros inconformes con la urbanización cuestionaron a las autoridades federales y al comisariado ejidal por diversas irregularidades, desde la convocatoria que debió emitirse con un mes de anticipación conforme al artículo 25 de la Ley Agraria, lo que no ocurrió.
Preguntaron directamente al representante de la Procuraduría Agraria sobre la razón por la que la junta no tenía el carácter de asamblea calificada conforme a los artículos 23 y 27 de la Ley Agraria, por tratarse de temas relacionados con el dominio pleno de sus tierras.
El segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Agraria establece que “serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención de lo dispuesto por este artículo”.
Los inconformes protestaron porque no se ha realizado ninguna reunión con toda la comunidad y los quieren obligar a tomar acuerdos para desincorporar las tierras, cuando ese concepto lo desconocen por no estar en la ley y todo lo que buscan es “hacer un fraccionamiento donde nos van a dar miserias”.
Reclamaron a los representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Conanp y Procuraduría Agraria por no informar ni consultar a la mayoría de los integrantes de la comunidad y tratarlos de engañarlo con el argumento de que pudieron consultar la información vía internet.
“Ustedes señores de Semarnat manipulan los beneficios de la Sierra, y creen que nos van a engañar. Yo le pregunto a los señores de Semarnat ¿a cuántos de nosotros conocen?, ¿con cuántos hablaron?, ¿a quiénes le dieron la información?”, expresó uno de los comuneros.
Consideraron que los temas propuestos que requieren una asamblea calificada deben ser discutidos después de la renovación del comisariado ejidal, cuyo periodo está por terminar. Además de que denunciaron el riesgo de que se afecten 5 mil hectáreas más, que las autoridades federales llaman de amortiguamiento, donde pretenden construir un parque para negocio de los empresarios.
Tras las manifestaciones de inconformidad, Juan García Leija y Luis García Granjas, comuneros que protestaron, fueron desalojados de la asamblea por policías de la Fuerza Metropolitana.
“No pudimos participar plenamente, ya que al oponernos al robo de tierras que pretenden hacer, pues nos sacan con la fuerza de la policía. Antes de sacarnos nos tumban los mismos comuneros, los comuneros nos tumban de las escaleras y ya nos echan para afuera”, narró el comunero Juan García Leyva.
“El comisariado, como yo no estaba de acuerdo ni mi papá estábamos de acuerdo en que nos despojen, nos golpearon,y la policía les dieron órdenes de que nos sacaran con violencia. A mí me sacaron con violencia hasta la calle”, contó Luis García, también comunero inconforme.
La asamblea contó con 181 asistentes de un total de 341 comuneros. De los asistentes, cuando menos 40 eran acompañantes de los titulares de los derechos y participaron en la votación de forma ilegal, para enajenar mil 805 hectáreas, que incluyen la presa de la Cañada del Lobo, a los empresarios inmobiliarios que encabezan el proyecto Las Cañadas.
El grupo ecologista Guardianes de la Sierra de San Miguelito emitió un comunicado en el que señaló que el acuerdo de Semarnat viola dos áreas naturales protegidas que son: la de Protección a la Cuenca Hidrológica (ANPCH) y la de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga (Anppre), que se encuentran establecidas desde el año 1993 y 2003 respectivamente.
Acusaron a la Semarnat de haber negociado con los grandes empresarios inmobiliarios para excluir la superficie que pretenden urbanizar del polígono que requiere protección como área natural, y anunciaron que se encuentran por emprender una defensoría social y jurídica, ante las ilegalidades en que se incurren, como la asamblea realizada este domingo.
