Estela Ambriz Delgado
Como resultado del Séptimo Congreso de la Coordinadora Nacional “Agua para Todos, Agua para la Vida”, se acordó trabajar para fortalecer los movimientos sociales por el agua en cada región, con el objetivo de lograr la nueva Ley General de Aguas, impulsar iniciativas a través de las contralorías autónomas y reunirse nuevamente dentro de dos años.
Al respecto del evento llevado a cabo los días sábado y domingo, Rogel del Rosal Valladares, integrante del Grupo Promotor de la Contraloría Nacional y representante de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, informó que uno de los acuerdos más importantes fue trabajar para articular y fortalecer los movimientos sociales por el agua en cada zona, de manera incluyente, amplia y plural.
Esto con el objetivo de lograr una nueva Ley General de Aguas y de impulsar iniciativas a través de las contralorías autónomas, las cuales permitan el buen gobierno del agua por medio de propuestas técnicas, administrativas y políticas, que incidan en los tres niveles de gobierno toda vez que no existe una institución que lo haga.
Rogel del Rosal indicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está impedida institucionalmente y legalmente, porque está subordinada a la Ley de Aguas Nacionales que es obsoleta, por lo que es necesaria una nueva legislación e institucionalidad, para que haya un verdadero papel del estado para normar el uso y manejo del agua, con base en el artículo 4 de la Constitución y convenios internacionales firmados por México.
Asimismo, informó que el próximo congreso se realizará en el Estado de México dentro de dos años, tiempo en el que esperan que la Contraloría Nacional ya haya abarcado la totalidad de los estados de la República, pues aún faltan Colima, Baja California Sur, Tlaxcala y Campeche.
“Esperemos ya estén suficientemente desarrolladas, y logremos impactar en un buen trabajo de diagnósticos nacionales y por cuencas y sub cuencas de la problemática existente en ellos y tengamos mayor capacidad de incidencia en lo jurídico, técnico, en lo político, que nos dé posibilidades de incidir en los tres niveles de gobierno”.
Además, en el Congreso se acordó participar activamente en el llamado de la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo a construir el Acuerdo Nacional para la Seguridad y Sustentabilidad del Agua, que se supone es para corregir los problemas existentes causados por la Ley de Aguas Nacionales.
En este acuerdo buscarán que se respeten los derechos al agua de los pueblos indígenas y afromexicanos, el apoyo federal para los sistemas comunitarios del agua, que son miles en el país y que no están reconocidos en la ley a pesar de que juegan un papel fundamental en garantizar el derecho humano al agua en las comunidades rurales, indígenas e incluso urbanas.
